La secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar Gil, planteó un exhorto al Ejecutivo federal y al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que publiquen a la brevedad el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Expuso que en fechas recientes la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República anunció que el número de personas no localizadas es de 22 mil 322; sin embargo, precisó, “no se sabe cómo se obtuvo dicha información y cuál fue la metodología utilizada para recabarla”.
Mencionó que de acuerdo con el diario estadounidense Washington Post “existen 25 mil 276 personas que se encuentran registradas en calidad de desaparecidas”.
Aguilar Gil expuso que la cifra puede ser mayor, “ya que hay varios casos de desapariciones que no son denunciados ante las autoridades por temor a represalias o porque no confían en las dependencias de seguridad pública del país”.
Recordó que como respuesta a la preocupación de la sociedad, el Poder Legislativo creó un marco jurídico para establecer un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2012.
Sin embargo, cuestionó: “¿de qué sirve que una ley cumpla con todo el proceso legislativo hasta culminar en la publicación, si se convierte en letra muerta en el momento que el Poder Ejecutivo no publica el reglamento respectivo, pues la fecha límite ya se cumplió y con un margen amplio, y éste duerme el sueño de los justos?”.
Lilia Aguilar puntualizó que los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, vuelven a poner en duda la eficacia de las instituciones y de las leyes en el país, así como el actuar de las autoridades que en muchas ocasiones es negligente.
Relató que la Organización de Naciones Unidas ha señalado que en México las desapariciones persisten debido a la impunidad generalizada y a la falta de veracidad y protocolos de investigación, además de la carencia de protección a familiares de víctimas.
Destacó que las desapariciones de ciudadanos rebasan cualquier acción emprendida por el gobierno, por lo que no basta con la promulgación de la ley, sino aplicarla en forma amplia, contundente y eficaz, mediante la emisión del respectivo reglamento.
Por ello, expresó, se torna indispensable la publicación, “ya que sin el reglamento se dificulta el actuar de las autoridades en el registro y búsqueda de las personas que se encuentran en esta situación”.
La diputada consideró fundamental que el Ejecutivo federal cumpla sus facultades y publique el reglamento donde se plasme la manera en que se coordinarán las autoridades para darle eficacia, y las reglas claras a que se sujetarán para el suministro, intercambio y sistematización de la información del registro de personas desaparecidas.