Para evitar que la fiscalización que realizan los responsables de los Órganos Internos de Control (OIC) a la gestión institucional de los servidores públicos esté viciada por la imparcialidad o el “amiguismo”, es imprescindible que el Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de la Función Pública remover de su cargo a los contralores que representen conflicto de intereses en su función y les designe con perfil y trayectoria profesional.
Así lo exigió la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, al cuestionar que sean los “amigos” o “antiguos subordinados” de titulares de las dependencias federales, quienes asuman la responsabilidad de vigilar el ejercicio de sus funciones, investigar las denuncias y quejas en contra de los funcionarios de la dependencia a la cual supervisan, iniciar procedimientos disciplinarios administrativos así como determinar sanciones.
La legisladora panista enfatizó en que el “Ejecutivo Federal no debe permitir burlar la ley, relegando la fuerza de una Secretaría de Estado en funciones, pues ello implica una burla a las instituciones, al Estado de Derecho y a la ciudadanía misma”.
Por ello, y a fin de que la fiscalización de recursos y aplicación de sanciones no quede en manos de los “amigos”, generando con ello un grave conflicto de intereses, se debe instruir a la Secretaría de la Función Pública a revisar el perfil y trayectoria profesional de los titulares de los OIC de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, a fin de que garanticen independencia, imparcialidad y objetividad en sus resoluciones.
Rojas Hernández subrayó que en la creación del nuevo organismo autónomo de combate a la corrupción así como de las bases y principios del sistema nacional de fiscalización, se vigilará que los OIC mantengan la independencia que requieren para el ejercicio de sus funciones.
Es decir, explicó, se cuidará que no tengan injerencias indebidas por parte de los titulares de las dependencias a las cuales deben fiscalizar, transparentar y contribuir a su mejora de gestión institucional con medidas preventivas, correctivas y con apego a la legalidad para generar la confianza y credibilidad de la ciudadanía.