La Secretaría de la Función Pública debe investigar el procedimiento por el que la Secretaría de Desarrollo Social realizó, en mayo de 2012, una inversión de mil 105 millones de pesos en 18 municipios de Michoacán.
Así lo determinó la Tercera Comisión de la Permanente, que preside la senadora priista Graciela Ortiz González, en un dictamen en el que se solicita que se audite el otorgamiento y ejercicio de estos recursos.
En el punto de acuerdo aprobado se menciona que a sólo semanas de las elecciones federales, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó una inversión de mil 105 millones de pesos dirigida a 18 municipios del estado, “todos ellos gobernados por alcaldes de extracción panista”.
La inversión millonaria, se subraya, habría sido destinada a 47 proyectos de infraestructura para la modernización de caminos, reconstrucción de puentes y pavimentación de calles en Acuitizio, Ario, Coahuayana, Cuitzeo, Ecuandureo, Erongaricuaro, Huaniqueo, Ixtlán, Maravatio, Marcos Castellanos, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, Tanhuato, Vista Hermosa, Zacapo, Zináparo y Zinapécuaro.
En el mismo resolutivo también se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que revise los recursos federales transferidos al gobierno de Puebla durante 2011 y 2012, en particular la adjudicación de diversas obras públicas en el estado.
Además, se pide al Congreso estatal una auditoría integral de los contratos otorgados por el gobierno para la realización de obras y la adquisición de servicios.
Sobre este tema, los legisladores resaltaron que en el estado se han presentado una serie de irregularidades y han sido beneficiados empresarios cercanos al mandatario estatal con contratos de diversos giros, como la concesión para la colocación y adquisición de la Rueda de la Fortuna, un juego mecánico que tuvo un costo de 400 millones de pesos.