· En 2014, las pérdidas económicas por fraudes a usuarios de tarjetas de crédito ascendieron a un mil 279 millones de pesos
· De enero a octubre de 2015, la Condusef recibió 58 mil 758 solicitudes de aclaración por diversas anomalías relacionadas con las tarjetas de crédito
En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso, senadores del Grupo Parlamentario del PRI hicieron un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que realice las acciones necesarias, con el propósito de que las instituciones bancarias agilicen la respuesta a las quejas que presentan usuarios de tarjetas de crédito.
En los últimos años, advirtieron, las pérdidas económicas por fraudes a tarjetahabientes han aumentado de 696 millones de pesos en 2009, a un mil 279 millones de pesos en 2014, con lo que se dejan ver las grandes repercusiones sobre el patrimonio de los usuarios de tarjetas de crédito.
Los legisladores detallaron, a través del documento, que de acuerdo con cifras de la Condusef, en 2014, el monto total reclamado por los tarjetahabientes sumó tres mil 565 millones de pesos; mientras que de enero a octubre de 2015, recibió 58 mil 758 solicitudes de aclaración por diversas anomalías relacionadas con las tarjetas de crédito.
Aunado a esto, de acuerdo con el reporte “Consumidores globales: perdiendo la confianza en la batalla contra el fraude”, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en fraudes por tarjetas de crédito.
Al respecto, los senadores del PRI resaltaron que para la Condusef, las quejas atribuibles a un presunto fraude se refieren a hechos como el robo o extravío del plástico, clonación de la banda magnética, compras ilícitas realizadas de manera remotas o ventas por teléfono o internet, transferencias electrónicas no reconocidas, robo de identidad o falsificación de datos personales y las prácticas engañosas para obtener datos en cajeros automáticos.
Los presuntos fraudes, agregaron, se cometieron principalmente a través de las terminales punto de venta con un 68 por ciento y las transacciones realizadas a través de internet, teléfono o banca móvil, con 31 por ciento.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación.