Es la del escándalo de corrupción en el EdoMex
La empresa española OHL que está involucrada en el escandaloso asunto de corrupción con el secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, fue embargada en algunas de sus cuentas bancarias por órdenes de la sala especial 6 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que preside Alejandro Arturo Rivas Vigil.
Y es que apenas dimos a conocer en la gustada sección de Grageas Digeridas que sacudió en Los Pinos el nuevo escándalo que circula en las redes sociales que reseña otro episodio de corrupción en el Estado de México, donde gobierna el priísta Eruviel Ávila Villegas, y más rápido que inmediatamente llegaron a nuestros sabuesos informativos más datos reveladores.
Como se sabe, en las redes sociales circula una plática entre directivos de la empresa española OHL, dedicada a la construcción de obras públicas, y el secretario de Comunicaciones del EdoMex, Apolinar Mena, quienes hablan de estrategias y proyectos que representan miles de millones de pesos en inversiones.
Pero aunque el asunto por el momento solo involucra al actual gobierno de Eruviel, en Los Pinos temen que este asunto saque a la palestra otras cosas concertadas durante el anterior sexenio mexiquense, donde nada más y nada menos que el gobernador era el actual Presidente de la República, Enrique Pela Nieto.
Bueno, pues ahora se sabe que un grupo de trabajadores mexicanos fue despedido injustificadamente por la empresa OHL, después de haber sido explotados en una de las obras públicas que construyó en el Estado de México por encargado del gobierno de esa entidad, vecino con el Distrito Federal.
Los inconformes acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a presentar la demanda laboral correspondiente, en contra a Obrascon Duarte Lain S. A. de C. V. y otros, proceso que se ventiló en tiempo y forma y al final los abogados de los trabajadores lograron acreditar ante la autoridad laboral que los empresarios españoles violaron las leyes laborales respectivas.
Por ello se condenó a esa empresa al pago de 953 mil 733 pesos a cada uno de los cinco trabajadores que demandaron, pero al negarse con maniobras corruptas a cumplir con lo que establece la ley, la Junta Local ordenó que se procediera el embargo de lo que pudiera garantizar las indemnizaciones correspondientes.
Así fue como se llegó a las cuentas bancarias que tiene esa empresa en el banco Santander, a donde acudió el actuario José Luis Rodríguez Martínez a notificar el laudo a favor de los trabajadores que justifica el congelamiento del dinero, se distribuya lo correspondiente y se cumpla con lo que establece la ley.