Ante el incremento significativo de linchamientos en diversos puntos del país, el senador del Grupo Parlamentario del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas, propuso hacer un llamado al titular de la Secretaría de Gobernación para que instrumente una estrategia de prevención y contención de este tipo de fenómenos sociales.
A través de un punto de acuerdo, el legislador plantea que dicha estrategia se realice a partir de la identificación de los puntos de debilidad institucional, el levantamiento de encuestas y a través de programas y acciones específicas de fortalecimiento de la cultura de la legalidad en las zonas en riesgo.
Blásquez Salinas advirtió que las desapariciones, desplazamientos y los linchamientos, entre otros episodios de violencia, constituyen la prueba fiel de la debilidad institucional, ya que cuando el Estado de derecho desaparece, impera la ley del más fuerte y comunidades enteras son arrastradas al caos y el desorden que cobra víctimas fatales, como los hechos sucedidos en la población de Ajalpan, Puebla.
Dijo que los linchamientos constituyen muestras de hartazgo e indignación ciudadanas y son presagio de la disfuncionalidad de la democracia.
El legislador refirió que según datos de Raúl Rodríguez Guillén,
profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos de linchamiento, principalmente en la zona centro-sur del país, lo que da un promedio de 13.6 linchamientos al año.
Destacó que los números más altos se observan en 1997 con 27, 2010 con 47 casos y 2013 con 40, que sumados representan poco más de un tercio del total.
Señaló que en siete de las 32 entidades federativas se concentra el mayor número de casos, con 80 por ciento. El Estado de México y Distrito Federal encabezan la lista, seguidos de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Aseguró que los núcleos de población donde se registran linchamientos se caracterizan por una situación de abandono y exclusión social por parte de las autoridades y la principal causa es la crisis de autoridad, expresada por el incremento de la delincuencia sin castigo o con castigo insuficiente, o bien, resultado de la corrupción o negligencia de jueces, ministerio público e integrantes de cuerpos policiacos.
Por ello, es necesario contar con una estrategia para prevenir y, en su caso, contener los linchamientos y con ello proteger las libertades civiles y los derechos políticos de todo el pueblo de México, puntualizó.
El punto de acuerdo del senador Blásquez Salinas fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y eventual dictaminación.