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El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón, solicitó a los diputados federales aprobar lo más pronto posible una Ley de Desaparición Forzada, para evitar que se sigan presentando casos como el de los normalistas de Ayotzinapa.

Durante una reunión en San Lázaro con la Comisión Especial para el caso, indicó que los registros de la CEAV señalan que la mayor parte de las víctimas a las que se asiste, es por desaparición; “en muchos casos no se sabe si es forzada, por parte de autoridades, a veces, o del crimen organizado, de ahí la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico adecuado”.

Por su parte, Julio Antonio Hernández Barros, comisionado de la CEAV para el caso Ayotzinapa, explicó que se ha buscado tramitar la reclasificación del delito para que sea considerado como desaparición forzada, ya que “independientemente que el secuestro agravado tiene una mayor penalidad, los elementos subjetivos son mucho menores que los que pide el de desaparición forzada”.

“Es un derecho de las víctimas que los probables delincuentes sean juzgados por el delito que presuntamente cometieron; en este caso, no se trata, a juicio de la comisión, de un secuestro agravado, sino de una desaparición forzada cometida con la anuencia o participación de por lo menos la policía del municipio de Iguala”, sostuvo.

Al retomar la palabra, Rochín del Rincón dio a conocer un Informe sobre los apoyos brindados a los afectados por los hechos Ayotzinapa desde el primer momento. Destacó el programa emergente que marca una nueva etapa en la atención a víctimas, el cual constituye un plan de reparación integral.

Resaltó la reunión con un comité de madres y padres del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, durante la cual el gobierno federal presentó el primer programa de atención integral para las víctimas directas e indirectas.

Aseguró que se ha brindado a todos los familiares atención médica, psicológica y jurídica tanto en Guerrero como en el Distrito Federal.

Rochín del Rincón sostuvo que en la vertiente de acompañamiento, a partir de la reciente solicitud de los familiares de dos fallecidos y dos heridos, se empezó la reparación integral del daño, medida que resolverá en los próximos días el pleno de la CEAV, en apego a lo que marca la ley.

Refirió la atención a lesionados y familiares de personas fallecidas, como el caso de los padres de Aldo Gutiérrez Solano, normalista herido de gravedad, que solicitaron el pasado 26 de octubre una valoración médica distinta.

Al respecto, informó que los doctores Calixto Machado, neurólogo del Instituto de Neurología de Cuba, y el costarricense, Mauricio Chinchilla, médicos reconocidos a nivel mundial para el diagnóstico y tratamiento de casos de traumatismo cráneo-encefálico severos y estados vegetativos, no declararon muerte cerebral, sino confirmaron el estado vegetativo permanente de pronóstico reservado en el que se encuentra Aldo. Garantizó que se seguirán otorgando todos los apoyos al joven y su familia.

También se dio apoyo a la familia de Julio César Mondragón Ponce durante la exhumación de sus restos, el pasado 4 de noviembre, para que especialistas argentinos realicen una nueva autopsia, actualmente en curso.

Rochín del Rincón apuntó que el caso Iguala es una herida abierta que debe transformar al país  para que no vuelva a repetirse.  “Ayotzinapa nos ha llenado de dolor y ha enfrentado a una realidad que todos comparten: queremos la verdad y que se haga justicia. Y sobre todo que las madres, padres, familiares y las comunidades afectadas, reconstruyan su proyecto de vida y accedan a un mejor futuro”.

Explicó que la CEAV no procura ni administra justicia, no indaga, no establece juicios, ni exonera, “sólo acompaña a las víctimas y garantiza el ejercicio de sus derechos”.

Por la gravedad de los hechos de Iguala, Guerrero, se desplegó todo un equipo interdisciplinario para atender la emergencia,  designándose al comisionado Julio Antonio Hernández Barros, para coordinar los esfuerzos institucionales federal, estatal y municipal.

La participación de la CEAV está formalizada en coordinación con las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Trabajo y Previsión Social, Salud, Educación Pública y Economía, junto con el DIF.