El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva expresó que el nuevo Sistema de Justicia Penal en México no dará los resultados deseables y contravendrá el espíritu de la Ley, si no se combate la “caja negra” que es la corrupción de jueces, magistrados y todos aquellos que se presten a cualquier arreglo o componenda fuera de la ley.
“Sólo este combate a la corrupción nos llevará a disminuir los altos índices de impunidad que, lamentablemente, preocupantemente, y para vergüenza de nuestro país aparecemos, frente a los ojos del mundo, como ‘país distinguido’, así entre comillas, o como se diría coloquialmente: Como ejemplo de mal ejemplo”, afirmó.
Al inaugurar el Programa de Difusión del Sistema Penal Acusatorio, organizado por esta Cámara, Jesús Zambrano dijo que el objetivo de este nuevo instrumento en nuestro país -que se habrá de implementar a nivel nacional a partir del próximo 18 de junio- es hacer procedimientos más rápidos y eficientes; utilizar más la justicia alternativa, lo que implicaría que los asuntos no graves se resuelvan por medios variados, y los casos complicados ante los jueces; obligar a que los procesos sean públicos, y que la víctima y el imputado argumenten ante el juez de forma oral.
Añadió que se tienen grandes retos que habrán de solucionarse en lo inmediato. Por ejemplo, la capacitación de más de 330 mil elementos policíacos en todo el país, al ser ellos el primer contacto con la víctima, el imputado y con el posible hecho delictivo.
También habrá que considerar la formación de intérpretes y traductores para indígenas. De no hacerlo, agregó, “dejaríamos en total indefensión a miles de mexicanos en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, por no hablar español en una cantidad significativa, puesto que existen hoy solamente 650 traductores e intérpretes, y 198 abogados bilingües a nivel nacional”.
El diputado federal destacó que con este nuevo esquema de justicia, el reto de nuestro país será avanzar de un sistema penal mixto -vigente en la actualidad- con rasgos de inquisitorio y de procesos escritos, a uno acusatorio con métodos orales en el que los jueces tendrán un rol más visible, privilegiando la transparencia jurídica y la ampliación de derechos y garantías, tanto para el acusado o imputado como para las víctimas u ofendidos.
“Estamos convencidos de que es tiempo de proteger a la justicia contra todas esas durezas a veces infranqueables que hemos tenido hasta hoy y que han impedido a los ciudadanos tener un verdadero acceso a la justicia, que debe estar garantizada por el Estado, a través del Ministerio Público no sólo como servidor público, sino como salvaguarda de convivencia armónica y de desarrollo social”, añadió.
Se requiere dar a la ciudadanía, la posibilidad de que cualquier persona -independientemente de su condición- pueda acudir a sistemas ágiles y justos como lo establece la norma constitucional.
El Sistema Penal Acusatorio, añadió, es una necesidad inminente ante la ola de criminalidad que afecta a todo el territorio nacional. La Constitución Política contempla ya un sistema con principios de respeto al ejercicio de los derechos humanos, la presunción de inocencia, seguida del debido proceso y juicios orales públicos con celeridad e inmediatez para que la justicia sea pronta y expedita.
El diputado Jesús Zambrano relató que este procedimiento procesal acusatorio se apoya en tres pilares fundamentales: “credibilidad”, “legitimidad” e “igualdad procesal”, de modo que las pruebas que se presentan ante el Ministerio Público ya no tendrán un valor absoluto; solo será prueba plena lo que se lleve a juicio y se desahogue delante del juez.
En el evento, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y organizado por la Cámara de Diputados en conjunto con la Academia de Justicia Constitucional A.C., el magistrado Osmar Armando Cruz Quiroz explicó que este ejercicio no sólo es académico, sino que lleva consigo el aspecto del interés nacional.
“Se trata de poder presentar en el ámbito legislativo la percepción de juzgadores con experiencia en la materia del Sistema Penal Acusatorio”, agregó.
Agregó que este ejercicio permite que los juzgadores puedan dar sus opiniones en casos concretos y en situaciones específicas derivadas de la implementación de este sistema. “Aquí se crean las leyes, pero la experiencia de quien juzga es importante para revelar casos concretos, situaciones fácticas, en donde combinamos la teoría con la praxis”, puntualizó.
Fernando Córdova del Valle, director general de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C. (ANMJPJF), mencionó que el Sistema Penal Acusatorio tiene el objetivo de que en el debido proceso no se violen los derechos humanos.
Explicó que hoy en día hablar de derechos humanos ya no es una moda, sino una necesidad y obligación de los juzgadores y de los que procuran justicia.
Agregó que con las recientes reformas se logró establecer de manera explícita el término de presunción de inocencia con lo que se logró atender la malinterpretación, pues se revictimizaba a las víctimas y se daban mayores privilegios a quienes habían cometido algún delito.
Aseguró que la dignidad de la persona se volvió parte importante no sólo en la Constitución, sino en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, sin importar sexo, creencias e ideologías, todos son tratados con respeto.
Afirmó que las obligaciones del Estado son prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación de los derechos humanos; sin embargo, estos conceptos en la mayoría de las veces no son garantizados.