El senador Daniel Ávila Ruiz propuso resolver los vacíos legales de la Ley Federal de Defensoría Pública vigente, que excluye a la juventud de la protección jurídica gratuita y no establece claramente las materias del derecho por las que se brindará el servicio.
Ante el Pleno del Senado de la República y en su carácter de Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara Alta, Ávila Ruiz presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 5 y 15; además adiciona el 36 bis de la citada ley.
La propuesta del senador yucateco incluye específicamente a los jóvenes entre los beneficiarios del servicio, amplía la prestación a “las demás materias del derecho”, obliga al Instituto Federal de Defensoría Pública a difundir los servicios que presta y a realizar, cuando menos una vez al año la Semana Nacional de Asesoría Jurídica dirigida a los beneficiarios.
Ávila Ruiz recordó que en 1998 se creó la Ley Federal de Defensoría Pública a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica.
Lamentablemente –añadió- dicha ley carece de las disposiciones necesarias para otorgar a los jóvenes las herramientas básicas para la defensa de sus derechos y el acceso a una verdadera impartición de justicia en las diferentes ramas del derecho.
El legislador precisó que la asesoría jurídica debe garantizar que ninguna persona pueda quedarse en estado de indefensión, o verse privada de la posibilidad de acceder al sistema de impartición de justicia por razones económicas, culturales y de cualquier tipo.
Señaló que se trata de un derecho de las personas, una obligación del Gobierno y un instrumento del sistema jurídico fundamental para garantizar a la población en general, y a los jóvenes en particular, el respeto y el ejercicio del conjunto de derechos humanos y sociales de los que son beneficiarios.
La asesoría jurídica comprende, entre otros, la asistencia en cualquier problema legal, elaboración de documentos jurídicos, representación legal, elaboración de dictámenes y en general cualquier servicio en materia legal que una persona solicite.