Los plantones y bloqueos que en días pasados llevaron a cabo maestros inconformes con las leyes secundarias de la reforma educativa, en los alrededores de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, impidieron que funcionarios públicos ejercieran sus funciones, motivo por el cual esta mañana legisladores del PAN denunciaron penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), toda vez que sus protestas desencadenaron en actos vandálicos que constituyen delitos.
“Es claro que al impedirnos el acceder o salir de nuestros recintos de trabajo en nuestra calidad de legisladores federales, se está cometiendo en nuestro perjuicio por un lado una privación ilegal de nuestras funciones y nuestro libre ejercicio de las mismas y por otra una privación ilegal de la libertad”, externaron.
Los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Jorge Luis Lavalle Maury y el diputado federal Fernando Rodríguez Doval consideraron que éste puede ser el inicio de una crisis de Estado, pues, desde su punto de vista, la falta de autoridad sí puede ser el comienzo de un “Estado fallido”.
Al hacer entrega de la denuncia, Gómez del Campo reprobó la conducta de estos manifestantes que hoy, aseguró, se han convertido en delincuentes pues, dijo, no es cosa menor lesionar a 28 Policías Federales, agredir y amenazar a reporteros, secuestrar vialidades por más de 9 horas, dañar inmuebles y edificios públicos, destrozar vehículos e impedir que el Congreso de la Unión labore con normalidad.
“Hay que hacer que la ley se cumpla. El derecho a manifestarse no es un derecho absoluto, hay límites permisibles”, sostuvo.
Por lo anterior, precisó la también Secretaria de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, estos pseudo-maestros han incurrido en delitos de sedición, rebelión y motín, así como diversos ilícitos tipificados en el Código Penal Federal.
La legisladora del PAN reiteró su llamado al Presidente de la Republica y al Jefe de Gobierno para que pongan un alto al caos en que se ha convertido el Distrito Federal, porque con sus omisiones han afectado los derechos de millones de capitalinos y han faltado a su obligación de hacer que se respete y se cumpla la ley.
“No podemos darnos el lujo de mandar estas pésimas señales a la sociedad, no podemos darnos el lujo de que otros grupos o que las futuras generaciones perciban que la ley se puede violar y quedar impune, o agredir a la autoridad y no tener consecuencias”, finalizó.