El senador Francisco Alcibíades García Lizardi presentó una iniciativa de reformas a los artículos 73, 82, 86 y 91 de la Constitución, para que el jefe del Ejecutivo Federal y los Secretarios de Despacho, informen sobre su salud física y mental.
Estas reformas, informó el senador bajacaliforniano, son principalmente para conocer si el Presidente de la República está en condiciones de aptitud para desempeñar su cargo; está acreditación, agregó, debe ser mediante certificado médico expedido por institución médica nacional, pública o privada de reconocido prestigio.
Lo anterior, refirió, es en virtud de lo acontecido en 2009, cuando se estableció una emergencia sanitaria por la presencia del virus de influenza; inclusive el Ejecutivo Federal emitió un Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de abril de 2009, en el que se señalaron las acciones a seguir para afrontar la contingencia.
Se decretaron, entre otras medidas y acciones de índole sanitaria, transmisiones de radio y televisión con las directrices informativas necesarias a fin de dar a conocer oportunamente las medidas que se adoptasen para afrontarla.
No obstante ello, abundó García Lizardi, hubo opacidad para informar a la población acerca de la atención médica preventiva que recibía el titular del Ejecutivo Federal; se desconocía si él o alguno de los integrantes del gabinete presidencial, como el propio Secretario de Salud, presentaban síntomas que los ubicara como infectados por el virus que motivaba la emergencia sanitaria y, en consecuencia, se viera minada su capacidad física y mental para tomar decisiones, como la emisión de dicho Decreto.
Es imperativo que la sociedad mexicana tenga conocimiento real y certero sobre el estado físico y mental de sus gobernantes, particularmente del Presidente de la República, aseguró el legislador.
Señaló que este es un reclamo con antecedentes en el pasado reciente: el presidente Adolfo López Mateos fue una persona que, al menos, durante la última etapa de su mandato, presentaba signos de una salud deteriorada, lo cual siempre fue negado oficialmente; en 2003 la salud del presidente Vicente Fox fue tema de debate en la opinión pública, al surgir una versión periodística en el sentido de que sufría de serias depresiones, lo cual hacía pensar que esta era la causa de las variaciones notables en el estado de ánimo, que habrían afectado su capacidad para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de su mandato.
Aunado a lo anterior, subrayó García Lizardi, es apremiante contar desde el orden constitucional con mecanismos que permitan a la población tener acceso a la información concerniente a la salud del Presidente de la República, así como de otros servidores públicos.
“Las experiencias por las que hemos atravesado nos obligan a tomar previsiones que garanticen que la ciudadanía tenga conocimiento del verdadero estado de salud del titular del Ejecutivo Federal al momento de tomar decisiones que, en aras de hacer frente a una contingencia o en el desarrollo de su mandato, afectan a toda la población”, finalizó.