El ajuste presupuestario anunciado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, e implementado como una política de Estado, solo logrará que la moneda nacional pierda su poder adquisitivo y, en consecuencia, el del salario mínimo, advirtió el senador Benjamín Robles Montoya.
Manifestó que esta opción no es la más adecuada pues, de continuar, su efecto será “demoledor” en un país donde hay 80 millones de pobres y 25 millones de personas en extrema pobreza, por lo que es fundamental “rectificar el camino”.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática refirió que en lugar de recortes al presupuesto es necesario encontrar alternativas para aumentar el crédito y gasto productivos, para que lleguen a las asociaciones y hogares que buscan financiamiento y trabajo como motores de reactivación.
Recordó que el precio de la mezcla mexicana ha caído por debajo de los 50 dólares por barril y la producción no alcanza los 2.5 millones de barriles diarios, además de que las ventas al extranjero disminuyen también. Es decir, hay un déficit de divisas que ya generó un problema estructural de impactos múltiples en la economía y que el gobierno quiere resolver equivocadamente con austeridad.
Ante este panorama, Robles Montoya propuso reformar la Ley del Banco de México para que en casos de desequilibrio entre ingresos y egresos de divisas del país, que afecte directamente al Presupuesto de Egresos de la Federación y provoque un déficit, éste sea cubierto con divisas y oro con las que cuente el banco central, por un monto equivalente hasta 40 por ciento de su total.
Indicó que las reservas internacionales en dominio del Banxico son activos propiedad de la nación y “no deberían ser propiedad de Banxico o de sus dirigentes. Aunque todo hace ver que en efecto se han apropiado de ellas”.
Explicó que son activos generados por los esfuerzos de mexicanos que laboran dentro de la economía nacional, que invierten, que emplean, que se sacrifican, que arriesgan, que compiten mundialmente; y por los connacionales, que en su gran mayoría fueron expulsados económicamente por las políticas radicales de austeridad fiscal y de un mal entendido equilibrio macroeconómico en los últimos sexenios.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictaminación correspondiente.