El alarmante robo de combustibles en la red nacional de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), no está tipificado como delito grave y por eso urge reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para aplicar todo el peso de la ley a los delincuentes que son capturados infraganti con penas realmente severas, afirmó la senadora María del Pilar Ortega Martínez.
La legisladora panista por Guanajuato calificó de “muy preocupante” ese rubro delictivo, porque sigue en aumento año tras año con el descubrimiento de más tomas clandestinas en 24 estados del país, y alertó que va en camino de convertirse en un problema de seguridad nacional.
Señaló que nuestra legislación secundaria en la materia “es demasiado tibia y laxa”, pues a los numerosos infractores que son capturados infraganti las autoridades les aplican penas que van de los seis meses a los cuatro años de prisión a quienes roban más de 300 litros de combustibles y hasta dos años de prisión a los que sustraigan menos de esa cantidad.
Explicó que esas penas se establecen en el artículo 368-Quater del Código Penal Federal y que por eso se requiere con urgencia actualizar ese mandamiento, así como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para evitar que los ladrones recuperen su libertad.
Por estas razones, la senadora María del Pilar Ortega Martínez adelantó que va a impulsar reformas a las dos leyes en la materia para establecer penas realmente severas en contra de los infractores, las cuales serán de acuerdo al daño causado y para que quede registrado como un delito grave.
“Es muy preocupante este problema que ha venido creciendo año con año y que hoy vemos que está tomando dimensiones que pudieran llevar a ser un riesgo de seguridad nacional. Ha faltado compromiso del gobierno federal para atacarlo”, comentó.
Dijo que con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República hasta el 31 de octubre pasado se registraron 2 mil 190 tomas clandestinas. En el 2012 se descubrieron mil 749 ordeñas, lo que representó un incremento de 23 por ciento en relación con el 2011, periodo en que hubo mil 419 tomas clandestinas.
Recordó que con sus propios datos Pemex ha reconocido que de esa forma los maleantes extraen diariamente nueve mil barriles de combustible, lo que representa un grave riesgo de contaminación o explosiones para las comunidades, además de pérdidas humanas en muchos casos.
La senadora Ortega Martínez aseguró que hasta hoy ha hecho falta una coordinación real entre la Procuraduría General de la República y Pemex para perseguir y castigar ese ilícito, el cual tiene mucho ver con la capacidad técnica de quienes lo están cometiendo y en ello podrían estar involucrados ex trabajadores y trabajadores de la paraestatal con grupos de la delincuencia organizada.
Otro punto importante, insistió, es saber si la PGR cuenta con un mapa a nivel nacional de la red de ductos de la paraestatal y bajo qué comunidades urbanas y rurales se encuentran y, por otro lado, también conocer se esa dependencia cuenta con peritos especializados en la materia para atender ese tipo de delitos.
“¿Cómo es posible que no se haya generado una estrategia entre Pemex y la PGR para atacar realmente a fondo éste problema que se está generando con un robo a la nación y cada vez se hace más latente?. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado abordaremos el tema para tratar de resolverlo”, finalizó la senadora.