El senador Fernando Torres Graciano propuso reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal, a fin de que las mujeres puedan solicitar la libertad provisional cuando se trate de delitos no graves y así no ingresen a un centro penitenciario en prisión preventiva.
También planteó que el juez que dicte una sentencia que no exceda de cuatro años, sustituya la prisión u otorgue el beneficio de condena condicional para que no sea remitida a una cárcel.
“Hoy en día, la prisión es muy cuestionada. En México existe un abuso excesivo de la prisión. Debido a la prisión preventiva, casi la mitad de los internos son procesados privados de su libertad. Aun cuando constitucionalmente son inocentes, se les priva de su libertad.
“Las cifras de la población penitenciaria por situación jurídica del fuero federal en agosto de 2014 era de 25 mil 945 procesados del fuero federal en los centros penitenciarios, de los cuales 24 mil 80 son hombres y mil 865 son mujeres. En el fuero común, había 86 mil 636 procesados: 81 mil 395 hombres y 5 mil 241 mujeres”, detalló.
Esto, agregó, ha contribuido a que exista una crisis penitenciaria, ya que en agosto de 2014 había 386 centros penitenciarios en el país, con una capacidad para 201 mil 80 internos. Sin embargo, se encontraban recluidos 257 mil 807 internos, es decir, existía una sobrepoblación de 56 mil 727 personas y 217 centros con sobrepoblación, y había una ocupación penitenciaria del 128.21 por ciento.
Dijo que en las conclusiones preliminares de la visita a México que hizo Juan E. Méndez, relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, entre abril y mayo del año pasado a algunos centros de detención en nuestro país, se determinó que las condiciones de detención en éstos denotan circunstancias que podían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular, el hacinamiento en varios centros.
“El relator señaló que la situación de varios centros era preocupante. Citó al Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México; el Centro de Nezahualcóyotl Bordo, en el Estado de México; el Centro ‘Topo Chico’ de Monterrey, en Nuevo León; y el Centro de Readaptación Social de ‘La Mesa’, en Tijuana, Baja California, con un hacinamiento del 260 por ciento”, abundó.
El legislador por Guanajuato apuntó que el hacinamiento en las cárceles sólo deteriora las posibilidades de reinserción y afecta la salud física y mental de los detenidos, además de que trae consigo problemas de salud, violencia, indisciplina, autogobierno de los reclusos y carencia en la prestación de servicios como trabajo, educación, deportes y servicios médicos.
“La prisión preventiva trae como consecuencia la contaminación criminógena, que se refiere a cuando los procesados probablemente inocentes o quienes cometen delitos no graves son obligados a convivir con reos o sentenciados peligrosos y aprenden conductas criminales”, consideró.
Por lo tanto, sería más conveniente que las penas de prisión de corta duración se sustituyan por otras medidas menos gravosas que beneficien a las personas, pues la prisión no sólo resulta costosa social sino también monetariamente.
Explicó que según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2012, publicado por el INEGI, los estados destinaron 8 mil 658 millones de pesos en el 2011 para el mantenimiento de sus centros penitenciarios, por lo que cada interno le costó 137.42 pesos diarios a las entidades federativas.
Respecto a la situación de las féminas presas, refirió que un estudio elaborado por organizaciones civiles de América Latina, se determinó que excepcionalmente pueden pagar un abogado o una fianza, por lo que tienen mucho riesgo de pasar un tiempo prolongado en prisión preventiva.
La gran mayoría de las mujeres privadas de su libertad están acusadas de delitos contra la salud, pero generalmente no son protagonistas del narcotráfico y están detenidas en cárceles diseñadas para varones, incluso en el mismo espacio físico, precisó.
Además, “están alejadas de sus familias, abandonadas, en soledad y depresión; están expuestas a violencia y acoso sexual; viven el embarazo y la maternidad en prisión y pierden la custodia de sus hijos”.
Como podemos advertir, concluyó, se abusa de la prisión y no se utilizan sanciones alternativas o medidas no privativas de la libertad, que nos resultarían menos costosas y podrían ser más apropiadas.
La iniciativa de Torres Graciano se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.