“Hablar de Grupo México es hablar de ganancias de 196 millones de dólares mensuales en el depósito más grande del mundo de cobre, más de 400 muertos por problemas de seguridad, una empresa que no cumple con las leyes laborales, que explota y enferma a sus trabajadores y que ha resultado más cara que los beneficios que ha traído a la comunidad.
Así lo manifestó la diputada federal Lilia Aguilar Gil, al hablar ante el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Pida, a quien le preguntó ¿qué nivel de riqueza se debe tener en este país para no ser sancionado?
La legisladora no se anduvo por las ramas y fue contundente al reseñar todo lo que ha ocasionado el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora.
Indicó que los problemas de seguridad de la empresa Grupo México en la mina son evidentes, por lo que cuestionó que no han suspendido actividades o considerado la remoción de la concesión.
“La aplicación de la legalidad no es pérdida de tiempo, sabemos que lo más urgente es la remediación, pero esto no la exime de la aplicación de la ley. La ley minera en sus artículos 43, 53, 54 y 55 señalan que se pueden cancelar o remover las concesiones de haber irregularidades en materia de seguridad, entonces, ¿por qué no han hecho nada?”, insistió.
Aguilar Gil cuestionó al titular de la Profepa, Guillermo Haro, sobre el hecho de que esta institución no ha presentado una denuncia ante tribunales especializados y recordó que de acuerdo con la ley de equilibrio ecológico, la Profepa puede suspender actividades si hay daño ambiental y aun así, no se ha hecho nada.
En relación al fideicomiso, la diputada federal indicó que los 40 millones de pesos que se establecieron en el fideicomiso no alcanzan para reparar daño ecológico, económico y a la comunidad y cómo se definió el monto del fideicomiso si nadie ha presentado un diagnóstico que revele los daños a productores y comerciantes.
Al Coordinador General de Minas de la Secretaria de Economía, Mario Alfonso Cantú Suárez, lo cuestionó acerca de por qué no han iniciado los procedimientos para la suspensión temporal de la concesión si se han 30 leyes y casi 40 normas ecológicas.
“El mensaje que damos a los empresarios extranjeros que inviertan aquí es que aquí se negocia y no se cumple la ley, cuando el mensaje que se debe mandar es que no se puede violar la ley y pagar las consecuencias de ello, hablamos de Estado de Derecho”, dijo.