*Ni modo que la aplaudan
La Cámara de Diputados repudió las acciones de violencia contra defensores de derechos humanos, en particular hacia Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Guerrero, así como contra la activista Norma Andrade.
En el documento de la Junta de Coordinación Política aprobado en votación económica, la Cámara de Diputados ofrece a los familiares de las víctimas todas las gestiones a su alcance a fin de coadyuvar a una solución pronta, expedita y justa del caso.
Se compromete a emprender las acciones legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos, la protección de los defensores y la adopción de normas específicas en la atención a las víctimas de la violencia.
Asimismo, manifiesta su preocupación por la situación de hostilidad y riesgo en la que llevan a cabo su labor las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y se pronuncia por el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento a las víctimas, deudos y defensores, que es el caso de Norma Andrade, defensora de derechos humanos quien recientemente fue víctima de un atentado.
Exhorta al gobierno federal a que aplique, de manera urgente en acuerdo con la sociedad civil, medidas cautelares de protección permanente, responsable y oportuna a los ciudadanos que realizan este tipo de labor social que están sujetos a condiciones de riesgo o sean amenazados.
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a las instituciones de seguridad pública, inteligencia, justicia y protección al medio ambiente para que, conjunten esfuerzos e intensifiquen las labores de búsqueda e investigación para presentar con vida a Eva Alarcón Ortiz y a Marcial Bautista Valle, así como detener a los responsables directos y a los implicados.
Le solicita al Ejecutivo dicte las medidas cautelares de protección específicas hacia los miembros de la OCESP, a fin de salvaguardar su integridad y la viabilidad de sus acciones.
Al gobierno de Guerrero lo instruye para que, a través de las instituciones de seguridad pública, justicia y protección al medio ambiente, emprenda las acciones necesarias que permitan localizar a estos defensores de derechos humanos y detengan a los responsables de este artero delito y los sometan a proceso judicial.