En medio de gran inconformidad, fundamentalmente de legisladores perredistas y algunos panistas, la Cámara de Diputados aprobó la histórica Reforma Energética en las mismas condiciones que pasó en el Senado de la República; ahora se enviará a los 31congresos estatales y si 16 de ellos la autorizan, se enviará al presidente Enrique Peña Nieto para que la publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor un día después de esa difusión.
Este jueves en la Cámara de Diputados se aprobó con 353 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones.
Pero alrededor de las 22:55 horas del miércoles 11 de diciembre, inició el debate en lo particular de las reservas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, así como a los transitorios del 1 al 21, impulsadas por diputados del PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Acción Nacional.
Un total de 79 diputados hicieron uso de la palabra para la discusión en lo particular que concluyó este jueves 12 de diciembre, alrededor de las 12:17 horas.
Con estas reformas se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación, a fin de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo del país en el largo plazo. Tratándose de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones, se expone en la minuta.
En los artículos transitorios se prevé que la ley establecerá la forma y los plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conviertan en empresas productivas del Estado.
En tanto se lleva a cabo esta transición, Pemex y sus organismos subsidiarios, así como la CFE, “quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el presente decreto”.
La reforma sienta las bases que permitirán a México acelerar su crecimiento y aprovechar al máximo sus recursos. Se podría incrementar la producción de petróleo en cerca de 1.5 millones de barriles de crudo diarios adicionales para 2025, lo que representa un aumento de 60 por ciento respecto de la producción actual.
En el caso del gas natural, la producción podría aumentar para ese mismo año, aproximadamente a 7.3 miles de millones de pies cúbicos diarios, más del doble de la producción actual. Además, el incremento en la inversión podría generar un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 1 por ciento anual en 2018 y hasta 1.6 por ciento anual antes de 2025.
El dictamen crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.
Se especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para “regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia”.
Entre los esquemas de contraprestaciones se deberán regular las siguientes: en efectivo para los contratos de servicio, con un porcentaje de utilidad y para los contratos de utilidad compartida.
Se prevé en su régimen transitorio que las leyes respetarán en todo momento los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como en las distintas actividades a cargo de la CFE.
Dicha medida tiene el objetivo de evitar afectar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios tanto en Pemex y sus organismos subsidiarios, como la CFE; ello, con miras a sentar las bases de una adecuada interrelación entre dichos organismos y las empresas privadas, que a partir de la entrada en vigor del decreto podrán participar en la ejecución de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación.