Son 10 millones 208 mil hectáreas
La directora adjunta del Área de Expropiaciones de la Sedatu, Rosalba Hernández Cornejo, reconoció que la dependencia carece de recursos y medios pertinentes para dar seguimiento a todos los casos de expropiación de terrenos que se tiene registrados.
En reunión de trabajo con diputados federales, dijo que el problema se agudiza porque la Sedatu es la única facultada para realizar tal procedimiento.
Por su parte, el director general de la Propiedad Rural de la misma dependencia, Luis Armando Bastarrachea Sosa, detalló que esta instancia se encarga de administrar la expropiación de terrenos –muchos empleados para la agricultura y la ganadería- y ejecutar correctamente procedimientos de cesión de propiedad federal para actividades donde intervengan privados (como los aeropuertos).
Dijo que uno de sus principales retos es dar seguimiento a las 48 mil 909 solicitudes sobre terrenos nacionales que se tienen registradas hasta el 1 de enero de este año, y que en superficie representan 10 millones 208 mil hectáreas
Isaías García Robledo, director adjunto del Área Técnica Operativa, sostuvo que el problema del campo es fundamentalmente de gobernabilidad, por lo que se requiere la participación de los tres niveles de gobierno y del sector involucrado.
“En el caso de la función pública, “si concurren todas las dependencias del rubro, aportando cada uno lo que en el ámbito de su competencia le corresponde, con amor a la tierra podremos alcanzar mejores condiciones para la gente del campo”, expresó.
En su intervención, el presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Jesús Serrano Lora, propuso realizar encuentros con titulares de dependencias federales que atienden al campo mexicano, ante el “burocratismo” que muchas enfrentan y les impide desempeñarse adecuadamente.
Consideró que se requiere que el Legislativo y el Ejecutivo busquen soluciones inmediatas en conjunto, subrayó el legislador y sostuvo que el futuro del desarrollo agrario está ligado a la solución de los conflictos de tenencia de la tierra y su seguridad jurídica exige prácticas correctas, mayores rendimientos y protección agropecuaria, y mejores condiciones de vida para las familias campesinas.