Los senadores panistas que comanda Luis Fernando Salazar Fernández, no cesan en su exigencia al presidente Enrique Peña Nieto para quedestituya a Roberta Lajous Vargas como embajadora de México en España, por el uso irregular de los recursos de dicha representación para brindar atención preferencial al ex gobernador de CoahuilaHumberto MoreiraValdés, a sus familiares y abogados.
Además demandan a la procuradora Arely Gómez González cesar de sus funciones a la titular de la Agregaduría Legal para Europa de la PGR con sede en Madrid, Érica Cervantes Albarrán, por el apoyo y la asesoría que funcionarios de esa dependencia brindaron también a Moreiracuando estuvo en prisión en España.
En el primer caso, el legislador panista explicó que movilizar al personal adscrito a la embajada para proteger a un individuo que está siendo procesado, fuera de sus actuaciones convencionales, es un acto de flagrante violación de sus funciones, pues responde a intereses de particulares y no a los del Estado mexicano.
Afirmó que si la embajadora Lajous se volcó de esa manera para salvar a un político acusado de malversación de fondos, lavado de dinero y cohecho por autoridades de otros países, sólo hace más evidente la complicidad del gobierno federal con los delitos cometidos por Moreira, responsable de endeudar a Coahuila por más de 36 mil millones de pesos.
Hizo notar que en el gobierno actual la impunidad es tal que usa los esfuerzos y recursos de sus representaciones diplomáticas para proteger a Moreira, cuando se trata del mayor representante de la corrupción en Coahuila.
Por lo que respecta al cese de la titular de la Agregaduría Legal, Salazar Fernández aclaró que éste se daría en tanto la Contraloría Interna de la PGR realice una investigación que determine las consecuencias jurídicas del actuar de Cervantes Albarrán
Señaló que las conductas que realizó la funcionaria están encuadradas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como faltas a las obligaciones que deben guardar éstos.
A saber –dijo— su actuar implicó el abuso de su cargo y el uso de recursos públicos, ya que desplegó al personal y a los bienes a su cargo con una finalidad partidista y parcial.
El punto de acuerdo que contiene ambas peticiones fue turnado para dictamen a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, con opinión de la Comisión de Justicia.