La senadora por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales Magdaleno, hace un llamado a las fuerzas políticas de izquierda representadas en la Cámara de Diputados para que de manera unificada impulsen cambios al dictamen por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que brinden certeza jurídica y de esa manera no se endose al poder judicial la tarea que corresponde al legislativo.
Por lo anterior, la presidenta de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara Alta, enviará a los Coordinadores de las fracciones del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles Conejo; Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez y de Movimiento Ciudadano, Ricardo Avila Monreal un análisis técnico de temáticas trascendentes que no fueron incorporadas en el dictamen de dicha legislación.
Alejandra Barrales anunció que también expondrá las razones por las que los legisladores de la bancada del Sol Azteca en el Senado votaron de manera unificada en contra del dictamen, en consonancia con el mandato de su Consejo Político Nacional. "Se trata de una legislación que regulará los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión por lo menos los próximos veinte años, lo que da cuenta de la importancia que tiene corregir las deficiencias y que asumamos como Poder Legislativo plenamente nuestra obligación de generar leyes que beneficien a la ciudadanía y no nada más a las empresas".
Reiteró que es un dictamen que no garantiza plenamente los derechos fundamentales, así como tampoco garantizar mejores contenidos para las audiencias y servicios de calidad para los usuarios, tampoco fomenta la competencia efectiva en las telecomunicaciones y la radiodifusión, sino al contrario, la desalienta y desvirtúa la naturaleza autónoma de la autoridad reguladora de la materia, arrogando facultades a favor del Ejecutivo.
Destacó que en dicho dictamen se niega a los medios sociales la posibilidad de comercializar productos y servicios y se les otorga publicidad gubernamental, con lo que se regresa el control de estos medios de comunicación a manos del gobierno. De igual forma es omisa en la regulación de los medios públicos, los cuales no cuentan siquiera con un capítulo en toda la ley en la que se establezcan medidas para su operación y funcionamiento, lo que genera un amplio margen para la discrecionalidad que no garantiza su verdadera independencia.
Como una de las preocupaciones fundamentales que estuvieron siempre a discusión, la Senadora Barrales alertó la necesidad de desechar las provisiones que contravengan los derechos humanos, en particular, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, como lo son el bloqueo de señales de telecomunicaciones, el espionaje telefónico, el acceso irresticto por parte de las autoridades a datos de los usuarios, la geolocalización en tiempo real y el resguardo de la información de los usuarios por 24 meses.
De igual forma, la Presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, destacó que dicha legislación no contempla garantías para preservar la neutralidad de la red y la previsión de las consecuencias para quien las viole.
En preponderancia, reiteró, que el espíritu de la reforma constitucional fue contar con un régimen regulatorio específico que favorezca las condiciones de competencia entre los operadores, a fin de ampliar la oferta de servicios y mejorar los precios para los usuarios finales. Por tanto, no tiene cabida la calficaciñon de preponderancia por sector, ya que ésta definición no se apega a la motivación que dio origen al cambio constitucional.
Por último, la legisladora lamentó que no solo no se fortalezca al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que además se le restan facultades, autonomía e independencia para garantizar la toma de decisiones en la regulación de empresas que integran estos sectores.