El senador Daniel Ávila Ruiz afirmó que el Estado mexicano aplicará una nueva estrategia para combatir la corrupción, a fin de evitar la destrucción de la vida institucional del país, el desprecio por el marco de legalidad y el triunfo de la ilegitimidad y de la inmoralidad.
Al razonar su voto a favor proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción, el legislador yucateco aseguró que es el momento de avanzar en un cambio sustantivo de las reglas para llevar adelante una reforma estructural que logre sanear a México.
“Hay que aceptar la verdad: muchos mexicanos piensan que sus autoridades, en todos los niveles de gobierno, así como sus representantes son corruptos”, aseguró Ávila Ruiz.
Y añadió: “Domina la idea de que los servidores y funcionarios hacen uso ilegal de los recursos públicos, que se enriquecen de manera inexplicable y que no dan cuenta de sus ingresos y gastos”.
En este sentido, el Senado de la República tiene un papel fundamental, ya que “si no logramos un saneamiento profundo de la administración pública en todos sus niveles, no podremos avanzar como país”, indicó el legislador.
El citado proyecto fue presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos del Senado.
Ávila Ruiz precisó que académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil, así como de diversas instituciones gubernamentales coinciden en que la opacidad, el exceso de trámites, la ausencia de buenas prácticas de reclutamiento y la falta de estímulo de servidores públicos y la existencia de decisiones discrecionales a cargo de los funcionarios son el caldo de cultivo que permite que la corrupción nazca y se desarrolle.
Por ello, los expertos consultados recomendaron diseñar una estrategia concebida en dos enfoques: el preventivo y el punitivo.
Añadió que el enfoque preventivo se sustentaría en los siguientes ejes: que el gobierno funcione bien, que haya controles ex ante que desalienten la corrupción, que las acciones gubernamentales sean transparentes; que los servidores públicos tengan incentivos para no corromperse y que la sociedad pueda monitorear y fiscalizar permanentemente al gobierno.
Por su parte, el enfoque punitivo incluye como ejes: que las instancias responsables de fiscalizar, supervisar y controlar estén perfectamente coordinadas, que las instancias responsables de combatir la corrupción tengan adecuados y eficaces instrumentos persecutorios, que el marco jurídico sea claro, preciso y severo contra los actos deshonestos, y que se persiga y sancione con igual dureza al sector privado, pues la corrupción es biunívoca, es decir, que vaya contra el corruptor y contra el corrompido.
Explicó que a fin de fortalecer el enfoque punitivo, se impulsará la creación de una institución responsable de combatir a la corrupción, Será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo titular será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Senado, pero el Ejecutivo Federal tendrá la facultad de objetarlo.
En este caso, se hará un nuevo nombramiento por las tres quintas partes del Senado, agregó el legislador.
El órgano estará abierto a las quejas que presenten los ciudadanos o que publiquen los medios de comunicación, también investigará denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República, y las instancias locales anticorrupción.
Esto permitirá combatir frontalmente actos como soborno, cohecho, extrusión, peculado y malversación de fondos, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y actos contra la administración de la justicia, ya que podrá actuar por denuncia o de oficio, así como por la vía de atracción de asuntos de entidades federativas o de municipios.
En la integración de las investigaciones correspondientes coadyuvarán la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, las procuradurías de justicia locales, la Policía Federal Preventiva, además de otras dependencias,
Asimismo, se realizará una revisión integral al sistema nacional de responsabilidades de los servidores públicos de todo el país.
En los estados y el Distrito Federal, establecerán también órganos especializados con plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, que serán competentes para la aplicación de la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.
Finalmente, Ávila Ruiz hizo un llamado a toda la población a emprender un esfuerzo nacional para erradicar todo tipo de prácticas corruptas a todos los niveles y en todos los ámbitos, para heredar a la nueva generación un país honesto y confiable.