Los senadores panistas Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Javier Lozano Alarcón pidieron al titular del Ejecutivo federal que en sus programas de política migratoria se privilegie, en todo momento, el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes.
A través de un punto de acuerdo, los legisladores también le solicitaron que se informe a la Comisión Permanente del Congreso sobre las acciones que se implementarán para desalentar que los migrantes viajen en el tren denominado "La Bestia", y sobre las posibles consecuencias que esto tendrá entre la población migrante y en los nacionales de las comunidades por las que transita.
Además, conminaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que informe la función que realizará la recién creada Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, y si su esquema de función es para evitar la duplicidad con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, el Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria.
De igual modo, exhortaron a la Procuraduría General de la República, a la Segob y a las procuradurías y secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas a que establezcan operativos conjuntos que permitan detectar, reprimir y castigar las actividades ilícitas que realizan grupos de delincuencia organizada en contra de los migrantes.
Recordaron que el pasado 15 de julio el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, como un órgano administrativo desconcentrado de la Segob, que tendrá la función de coordinar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal en materia migratoria en esa zona.
En este sentido, consideraron que no se ha aclarado del todo el rol que desempeñará la nueva Coordinación, ya que "es de observarse que el gobierno federal cuenta hoy en día con dos entes responsables de política migratoria y dos entes para ejecutarla u operarla, ellos son: la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y la Unidad de Política Migratoria, así como el Instituto Nacional de Migración, en conjunto con la recién Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur".
Asimismo, Gómez del Campo Gurza, Lavalle Maury y Lozano Alarcón refirieron que llama aún más la atención lo dicho por el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de "poner orden" en el tren de carga conocido como "La Bestia", al señalar que "es una decisión del Estado mexicano no seguir permitiendo que migrantes de Centroamérica, y también mexicanos, corran riesgo en sus vidas arriba de este tren de carga y no de pasajeros".
Ante esto, advirtieron, resulta predecible que los flujos migratorios buscarán vías alternas que puedan utilizar para llegar a Estados Unidos, sin que hasta ahora se explique cuáles son las proyecciones que ha vislumbrado el Estado para no poner en mayor riesgo a las personas migrantes.
"Por ello, nos preocupan las acciones implementadas por el Ejecutivo federal encaminadas a blindar la frontera sur de nuestro país, privilegiando la seguridad nacional por encima de los derechos humanos", indicaron.
También es sumamente lamentable, remarcaron, que el Estado mexicano a la fecha no haya efectuado alguna política o acción encaminada a la desarticulación de los grupos de delincuencia organizada que trasgrede los derechos humanos de las personas migrantes.
"Tampoco ha implementado acciones para desalentar y erradicar la corrupción por parte de algunos servidores públicos que abusan o extorsionan a los migrantes.
"Así resulta de vital importancia que este Poder Legislativo esté atento y vigilante de las políticas públicas que realice el Estado para poder erradicar los problemas de inseguridad que enfrentan las personas migrantes en su tránsito por nuestro país, y que se privilegie en todo momento el respeto a sus derechos humanos", concluyeron.
El punto de acuerdo de los senadores de Acción Nacional se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso, para su análisis y dictaminación.