Al hacer un llamado respetuoso para que la Cámara de Diputados apruebe, de ser posible en un periodo extraordinario o a más tardar en febrero del próximo año, las reformas para crear un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández enfatizó que ésta debe ser una oportunidad para que la clase política se reivindique en el combate de este flagelo, que por décadas no ha hecho lo suficiente.
“No podemos permitir que las fuerzas erosivas de la corrupción cancelen la posibilidad de construir un mejor futuro”, externó la legisladora panista al subrayar que es la cultura de la verdad y de la honestidad la que debe sobreponerse a la de la simulación y de la corrupción.
Al emitir el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en torno al dictamen en materia de anticorrupción, aprobado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Primera, Rojas Hernández denunció que mucho del atraso y el subdesarrollo de México obedece a funcionarios que han renunciado a su misión de servicio y se han rebajado a ser simples mercenarios de lo público.
La corrupción, subrayó, es enemiga del desarrollo y se contrapone a la justicia. Se pierden inversiones y se encarecen productos; se construye mala infraestructura y se escasean los servicios públicos; crece el crimen organizado y se debilita el Estado de Derecho; aumenta la insatisfacción social y se destruye la cohesión social.
La también integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana enfatizó que la reforma aprobada por este órgano legislativo representa los cimientos de una política nacional de combate a la corrupción que habrá de afinarse en la legislación secundaria y fiscalizarse en su implementación.
La senadora Laura Angélica Rojas Hernández resaltó que el Partido Acción Nacional fue un gran impulsor para que las instituciones responsables para combatir la corrupción dejen de actuar de manera desvinculada y se coordinen en el marco de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
Recordó que el dictamen establece la creación de un órgano autónomo cuyo titular será electo por mayoría calificada del Senado de la República y que estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven en hechos de corrupción.
Entre las atribuciones más relevantes del órgano, expuso, destacan:
Certificar y evaluar a los titulares de las unidades de auditoría preventiva, quienes sólo atenderán violaciones al régimen disciplinario dejando la investigación y sanción de responsabilidades de servidores públicos relacionados con corrupción al nuevo órgano.
Hacer recomendaciones que permitan la prevención de actos de corrupción en cualquier entidad pública y atraer asuntos administrativos para fortalecer su capacidad de investigación y conocer, en su caso, de hechos de corrupción.
Se expedirá una Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, en la que se contemplan, entre otros puntos, sanciones administrativas y penales, así como el resarcimiento al erario público de los desfalcos causados por actos de corrupción.
Además, añadió Rojas Hernández, se logró perfilar las bases y los lineamientos que en los tres órdenes de gobierno deberán incluir los registros de servidores públicos que incluyan su situación patrimonial y su historial en el servicio público, a efecto de que se concentre en una plataforma dependiente del órgano autónomo.