Senadores de la República pidieron a los congresos de las entidades federativas, armonizar su legislación conforme a los principios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa Huerta, llamó a los diputados locales a no esperar a que sus gobernadores presenten los proyectos: deben construir, desde el Poder Legislativo, las reformas que se necesitan para proteger a los menores.
Al inaugurar el Primer Encuentro de Congresos de las Entidades Federativas sobre la Armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, advirtió que el 7 de junio es la fecha límite para adecuar el marco jurídico local a la norma que en esta materia aprobó el Congreso de la Unión.
Miguel Barbosa añadió que se necesitan recursos que garanticen la implementación del nuevo ordenamiento en los tres niveles de gobierno, pues “de qué nos sirve un producto legislativo moderno, que destaca frente a la legislación de otros países si su aplicación resulta inocua”.
“Necesitamos que el Presupuesto de la Federación incorpore la suma suficiente para su implementación. Requerimos que los presupuestos en las entidades federativas también lo hagan y que los de los municipios, de igual forma lo prevean”, expuso.
Por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la senadora Martha Elena García Gómez precisó que en este encuentro se analizarán los grandes temas que contemplan la Ley General y el Sistema Nacional de Protección Integral, los 19 derechos, las facultades y nuevas atribuciones del DIF, así como las procuradurías de protección y el presupuesto que se requiere para garantizar su implementación.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, titular de la Comisión para la Igualdad de Género, consideró indispensable que las adecuaciones a las normas estatales se realicen en los términos en que fue aprobada la Ley General, a fin de evitar un retroceso en el ámbito local respecto a la atención de niñas, niños y adolescentes.
A nombre de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña Gómez, comentó que a partir de que se publiquen esas reformas, las entidades federativas tienen 90 días para constituir los sistemas estatales de protección de los menores.
Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, subrayó que la nueva legislación tendrá repercusión en los más de dos mil 450 municipios, por lo que reiteró el apoyo de los senadores a los legisladores locales.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Hilda Esthela Flores Escalera, resaltó que el evento habla del compromiso de los legisladores con quienes representan a la tercera parte de la población: niñas, niños y adolescentes.
En tanto, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, detalló que los estados y el Distrito Federal tienen que hacer modificaciones en materia de asistencia social, educación, regulación del DIF, legislación familiar y migración.
En la inauguración del encuentro, Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que el principal reto es concretar la armonización legislativa nacional en el tiempo más breve posible, por lo que existe un compromiso del gobierno de la República para su implementación se realice en tiempo y forma.
Por ello, agregó, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Sistema Nacional DIF, trabaja “en un proyecto tipo de ley local”, que busca coadyuvar con las entidades federativas que lo requieran para lograr una armonización eficaz que contribuya a una mejor protección de niñas, niños y adolescentes.
Laura Vargas Carrillo, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, expresó que la Ley General impulsará una mejor calidad de vida para niñas, niños y adolescentes, asegurando todas las posibilidades para su desarrollo y, sobre todo, sus derechos.
Por último, Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, hizo énfasis en toca ahora a los congresos locales hacer los ajustes necesarios para que esta Ley sea una realidad en todos y cada uno de los rincones de México.