El Gobierno no puede
Ante los alarmantes asesinatos y desapariciones de periodistas en el Estado de Veracruz, los Diputados Ciudadanos presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designe en coordinación con el Estado Mexicano un grupo de trabajo conformado por expertos independientes para que a la brevedad determine las medidas a tomar en el caso, así como para que determine la reparación del daño que en tal sentido debe realizar el Estado Mexicano y el grado de responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado de Veracruz en los hechos mencionados.
Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada de los Ciudadanos, anunció que el motivo del punto de acuerdo no es simplemente para denunciar a “un Gobierno que está haciendo mal su trabajo y está abusando del poder”, sino que “estamos hablando de un Gobierno presuntamente implicado para atentar contra los derechos humanos y cometer actos contra la dignidad de los ciudadanos, posiblemente vinculado a la desaparición de personas y a casos de homicidios no esclarecidos. No estamos aquí sólo para denunciar a un Gobernador que se burla de la tragedia e insinúa que los periodistas están vinculados al crimen, estamos aquí hablando de personas que han perdido la vida o desaparecido, o viven permanentemente amenazadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y no es para menos: durante el primer trienio del actual sexenio se registraron casi mil 100 agresiones contra periodistas y activistas en México, en los últimos diez años se han registrado 80 asesinatos de periodistas, y como lo acaba de reportar la asociación Artículo 19, permanecen desaparecidos 23 periodistas.
Para los Diputados Ciudadanos, “el fenómeno de persecución, agresiones y hostigamiento a periodistas manifiesta su rostro más brutal e impune en el Estado de Veracruz, en donde, desde el año 2010 hasta la fecha, se contabilizan a 17 periodistas asesinados por el ejercicio de su profesión y a 5 desaparecidos, convirtiendo a esta entidad en la más peligrosa del país para ser periodista”
Clemente Castañeda lamentó que el Estado no ha sido capaz de contener y castigar las agresiones a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, e hizo un llamado al resto de fuerzas políticas para que atiendan esta propuesta y pongan a la Cámara de Diputados a la altura de las circunstancias, por encima de los intereses partidistas y del lado de las libertades y de los ciudadanos.
Los Diputados Ciudadanos dijeron que no serán cómplices, por inacción, de las atrocidades que en materia de derechos humanos están aconteciendo en México, y mucho menos permitirán que se deje en la impunidad estos asesinatos y desapariciones de periodistas y activistas; por lo que anunciaron que si en los próximos días la Cámara de Diputados no se pronuncia al respecto, la Bancada de los Ciudadanos acudirán a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.