El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño planteó exhortar al titular del Ejecutivo federal a establecer, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un programa emergente para atender las quejas de los usuarios de telefonía móvil y hacer pública esa información.
A través de un punto de acuerdo remitido a la Comisión de Comunicaciones, precisó que México cuenta con 86 líneas de telefonía móvil por cada cien habitantes, de los cuales el 84.5 por ciento son servicios de prepago y únicamente el 15.5 por ciento de pospago.
“Esta proporción significa que la gran mayoría de los mexicanos paga los costos más caros del mercado nacional, en un servicio que alcanza los 74 mil millones de pesos anuales”, abundó.
Durazo Montaño aseguró que la telefonía móvil es uno de los servicios más utilizados por la población, pero también es uno de los que más se denuncian ante la Profeco.
Refirió que según un reporte de la Profeco de marzo pasado, de diez proveedores con más quejas, cinco son de telefonía móvil, es decir, el 50 por ciento, quienes acumulan el 17.1 por ciento del total de inconformidades a nivel nacional.
Sostuvo que los reclamos más frecuentes son por negativa a aclarar cobros excesivos o no autorizados, carecer del contrato de adhesión con las nuevas obligaciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones; no informar a las y los consumidores su derecho a cancelar el contrato de manera anticipada; no exhibir tarifas al público, y no informar sobre las garantías de los teléfonos, entre otros.
“Las primeras quejas son las que repercuten directamente y de manera muy negativa en la economía de la gente. Telcel, en el reporte del Buro Comercial de Profeco, de enero a septiembre de 2014 acumuló 3 mil 457 quejas y la principal materia de reclamación es la negativa a corregir errores de cobro”, expuso.
Por ello, el diputado Durazo Montaño argumentó que es necesario solicitar al Ejecutivo federal, a través de la Profeco, establecer un programa emergente para atender las miles de quejas de los usuarios de telefonía móvil, y hacer pública esa información, así como las acciones emprendidas por la procuraduría.