La discriminación e intolerancia que padecen los adultos mayores en México ocurre principalmente en las zonas metropolitanas del país y con mayor incidencia en las que se presenta este fenómeno son Toluca (24.3%), Querétaro (14.9%), Cuidad de México (14.3%) y Tijuana (14.0%).
Además, otra problemática con la que se encuentran los adultos mayores es que el 56.8% no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y sólo el 19.3% mencionó contar con los ingresos suficientes.
Así lo informó la diputada federal Lucía Garfias Gutiérrez, al señalar que a fin de incorporar la totalidad de los derechos constitucionales para la no discriminación de los adultos mayores y con ello contribuir a garantizar su pleno desarrollo en esa etapa de la vida, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Dijo que frente a la alta vulnerabilidad a la que se enfrentan los adultos mayores en México, resulta necesario modificar la legislación, a fin de eliminar el vacío legal que pone en riesgo la completa protección y aseguramiento de sus derechos,.
Con ese propósito, Garfias Gutiérrez propuso reformar los artículos 4 y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ya que esta legislación sólo considera algunos de los supuestos que prevé la Constitución en materia de discriminación.
La diputada mexiquense manifestó que pese a las regulaciones jurídicas existentes, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, “que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido”.
A lo anterior, agregó que a pesar de que a nivel internacional el problema de la discriminación se ha abordado desde el siglo pasado, en nuestro país fue hasta el 2001 cuando se reconoció por primera vez el derecho a la no discriminación como una garantía individual, y hasta el 2010 cuando se le denominó como un Derecho Humano.
Así pues, precisó, en materia de discriminación, el Artículo Primero de nuestra Constitución tutela los Derechos Humanos que garantizan la igualdad entre los hombres y mujeres en nuestro país.
En este sentido, Garfias Gutiérrez señaló que “resulta necesario reformar, adicionar y armonizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en lo que se refiera a los supuestos jurídicos del párrafo quinto del artículo primero constitucional”.
Indicó que en la actualidad, según datos del INEGI, las personas adultas mayores en nuestro país representan el 9.7 por ciento de la población, es decir 11.7 millones de personas, y de acuerdo con las proyecciones que realiza el Consejo Nacional de Población, para 2025 y 2050, podrían aumentar a 17.2 y 32.4 millones de adultos mayores.
Este crecimiento potencial se explica principalmente porque la esperanza de vida ha incrementado durante las últimas décadas; sin embargo, dijo, existen múltiples factores que colocan a nuestros adultos mayores en la vulnerabilidad.