El deliberado desmantelamiento del campo mexicano desde hace 30 años y la urgente necesidad de rescatarlo y cambiar el paradigma de producción de alimentos fueron los temas abordados en la mesa 15 de Los grandes problemas nacionales, diálogos por la regeneración del país. Para abordarlo, participaron Víctor Suárez, Blanca Rubio, Luis Meneses, María Luisa Albores, José A. Mendoza, Carlos Rodríguez, Isabel Cruz, Antonio Turrent y Gustavo Sánchez.
Víctor Suárez, agrónomo, director de ANEC, miembro de Sin maíz no hay país y secretario de Agricultura en el gobierno de AMLO, resaltó la importancia de discutir los grandes problemas desde el pensamiento crítico y explicó que tenemos que salvar al campo para salvar a México, frase que no es slogan sino que refleja la necesidad de dejar de arrastrar el campo y volverlo un área básica del nuevo proyecto de nación.
“En los pasados 30 año se rompió el pacto entre el Estado y el campesinado que se construyó a raíz de la Revolución Mexicana. Con la Revolución se consideró a los campesinos parte de la nación, con derecho a tierra y vida digna. No fue una concesión del poder, sino fruto de una lucha. Este pacto se fue erosionando y en los años 80 se dio una contrarrevolución, en la que se decidió que ya no eran necesarios el campo ni los campesinos. Se excluyó la función económica y social del campesinado. Se les expulsó, se reconcentraron la tierra y los recursos y se entregó la soberanía alimentaria a los intereses de las corporaciones”.
“Cuando hablamos de dependencia no sólo hablamos de la importación de alimentos sino de que las decisiones sobre el país se toman afuera. Es una recolonización. Hemos perdido independencia y soberanía. Las decisiones que nos parecen irracionales sirven a corporaciones como Maseca y Cargill”.
El vacío dejado por el Estado fue ocupado por el crimen organizado. Hay un doble poder en México: el del Estado y el del crimen organizado. La mafia formal y la mafia informal. Esto sucede en un contexto internacional de precios altos de los alimentos, debido a una nueva configuración en la que se integraron los poderes agroalimentarios, los energéticos y los financieros. Esto se llama la energetización de la agricultura.
Hoy las decisiones sobre qué producir, cómo y cómo distribuirlo están determinadas por el tema de la energía global y los poderes financieros. Esto ha aumentado los precios de las commodities. Desde hace 10 o 15 años, un tercio de la superficie agrícola de Estados Unidos y Europa se ocupa en biocombustibles como etanol y biodiesel, en función de los precios y disponibilidad del petróleo. Los precios agrícolas ya no se determinan por la oferta y la demanda sino por el tema del petróleo. Además, hay una oleada de compras y arrendamientos de tierras a largo plazo en África, Asia y América Latina: más de 227 millones de hectáreas han sido compradas o arrendadas por países petroleros con poca tierra para producir alimentos o energéticos a costa de profundizar la crisis en estos países.
“Por esto, cambiar el modelo agroalimentario es cuestión de vida o muerte. Necesitamos un cambio de modelo, no por ideología, sino por sobrevivencia como país soberano e independiente. Nuestro campo puede producir los alimentos que necesitamos los siguientes 50 años con una política que enfrente los altos precios y el cambio climático y que incluya investigación no transgénica, políticas de fomento y de apoyo, financiamiento y producir pero no de cualquier forma sino con los campesinos que tienen la tierra y de forma sustentable.
La revaloración del campo es clave para resolver los grandes problemas nacionales. Para cambiar el paradigma neoliberal necesitamos una nueva correlación social de fuerzas para lograr que el gobierno y los poderes del Estado vuelvan a ser públicos y estén al servicio de un proyecto nacional, del interés público. El gobierno de AMLO está comprometido con este cambio a través del Plan de Ayala para el siglo XXI.
María Luisa Albores, agrónoma, integrante de Tosepan| y secretaria de Reforma Agraria del gobierno de AMLO, comentó que a través de su gestión busca hacer realmente justicia social para la gente del campo;
una política de equidad de género, que reconozca que el campo se feminizó; una política de
equidad intergeneracional e incorporar la cultura y los recursos naturales cuando se habla de territorio.
Abundó que la función primordial de la Secretaría de reforma agraria y desarrollo campesino tiene como función esencial garantizar: que los campesinos sigan existiendo; que se norme la tenencia de la tierra y normar que los sujetos que están en el territorio lo manejen y controlen y sean capaces de decidir qué hacer en él. Y sus propuestas son:
- Política agraria con y para los sujetos agrarios.
- Justicia agraria como condición necesaria para el desarrollo.
- Fortalecer las organizaciones económicas o territoriales.
- Fomentar el extensionismo y la formación de capacidades.
- Ordenamientos territoriales integrales.
- Que las comunidades se apropien de los recursos para lograr una vida digna en el territorio.
Blanca Rubio, economista, investigadora del IIS-UNAM, denunció que estamos viviendo una oligopolización del comercio y la distribución, es decir una alta concentración del sector agroalimentario en unas cuantas industrias, entre ellas Cargill, Bachoco y Maseca.
“El dominio se centra en la desvalorización de los productos del campo. Para las empresas los productos del campo son insumos y por ello bajan los precios que pagan a los productores. La producción nacional no es rentable ni siquiera para los grandes productores. Ejemplo de ello se da con la importación de maíz sudafricano barato, que impide que se venda el que produce Sinaloa. Tenemos una agricultura vulnerable, una distribución de recursos regresiva y esto ha propiciado una dependencia alimentaria. Hoy importamos maíz, soya, cereales, todo lo que está caro en el mercado internacional”.
Los pequeños productores, incluso de autoconsumo, enfrentan un incremento de costo que los ha empobrecido. Los productores comerciales también dado que quienes les compran les pagan los precios internacionales, a veces muy bajos. Los ganadores son las empresas grandes agroalimentarias. Propuestas:
- Definir cuál es el papel que jugará la agricultura en el país.
- Definir el rol de los pequeños productores.
- Diseñar un nuevo proyecto basado en la equidad, que no sólo extraiga valor del campo.
- Fortalecer la producción de granos.
- Recuperar la soberanía alimentaria y orientar la producción hacia dentro.
- Dar subsidios, no hay otra forma de fortalecer el rol del campo en estos momentos. La ganancia es tener una agricultura fuerte.
- Controlar a las empresas agroalimentarias.
Luis Meneses, miembro de UNORCA y exdiputado, señaló que la situación actual del campo se debe a dos decisiones que tomó el gobierno federal para favorecer a las empresas transnacionales hace cerca de 30 años: Salinas diseñó un TLCAN que buscaba entregar el país y legalizó la explotación de los recursos naturales y la diminución de la producción de alimentos. La segunda fue una ley agraria que interrumpió la entrega de tierras a campesinos y que permitió privatizar la tierra en grandes superficies y quitarle poder a los grupos sociales sobre su territorio, desarticulando los comisariados ejidales.
Hoy tenemos dependencia alimentaria hasta en 40 por ciento, dependemos 90 por ciento de importaciones de soya; en trigo importamos 30%; en maíz éramos autosuficientes y cada día importamos más. Y cada día hay más pobreza en el campo, más pobreza alimentaria y más dependencia alimentaria.
Los países que no garantizar la alimentación de sus pueblos están condenados al fracaso. Propuestas:
- Volver los ojos al campo no sólo por hacer justicia sino para garantizar la soberanía alimentaria.
- Quitar la idea de que para garantizar la producción hay que concentrar la tierra.
- Producir nuestros alimentos con nuestros recursos.
- Poner metas concretas para revertir la dependencia alimentaria, en 6 años de nuevo podríamos estar produciendo lo que consumimos.
- Rescatar los recursos naturales, a través de ejidos, comunidades y pueblos rurales y de pequeños y medianos productores.
- Fortalecer las instituciones y organizaciones sociales del campo mexicano.
- Promover la integración y organización para vivir con normalidad y dignidad.
José Antonio Mendoza Zazueta señaló que el espacio rural es mucho más que la producción de alimentos, pues incluye servicios ambientales como agua, y también cultura, sociedad, entre otros elementos, por lo que hay que revalorarlo. Sus propuestas:
- Más participación social, el gobierno federal no puede decidir solo.
- Recuperar los enfoques territoriales de desarrollo.
- Que la política sea más de alcance sectorial que de alcance estatal.
- Ciudades intermedias y polos interiores de desarrollo.
- Un sistema financiero rural, cobertura, profundidad e integralidad, intermediarios no bancarios y regulación efectiva.
- Derechos de propiedad efectivos: patrimonial, ambiental y cumplimiento de contratos.
- Derechos sociales efectivos: salud, educación, alimentación e ingreso verde mínimo.
- La organización y asociatividad pública-social y privada, asunto de interés público.
- Políticas desde territorio, estado y municipio, no sólo desde el gobierno central.
Carlos Rodríguez, experto en temas de territorio y desarrollo rural, señaló que la historia del país ha sido un continuo intento de borrar lo indígena y lo popular. Sin embargo, el México profundo ha resistido durante décadas y la prueba es que nuestro país tiene una gran influencia de sus pueblos y de su raíz campesina. Estos pueblos son herederos de un enorme caudal de conocimientos.
Explicó cómo hoy este México profundo, este sector indígena está bajo acecho debido a que está sufriendo un gran despojo de tierras debido al crecimiento urbano acelerado, a la efervescencia de inversiones para la exploración y explotación de riquezas mineras, a la presión de empresas turísticas que buscan usufructuar las bellezas paisajísticas; al proceso de instalación de plantaciones destinadas a producir papel y madera o insumos como palma africana y jatrofa y a los proyectos de servicios, como las presas o los parques eólicos, entre otros.
Propuestas para enfrentar el despojo:
- Proteger la propiedad privada y colectiva de la tierra.
- Garantizar el derecho soberanía comunitario al uso y gestión de los bienes naturales del territorio.
- Atribución del gobierno local a las comunidades y ejidos. Que recuperen las capacidades de decisión y planeación sobre sus tierras. Gobiernos con autonomía para gestión ordenamiento.
- Fortalecer la economía campesina con una economía diversificada.
Isabel Cruz Hernández, integrante de AMUCSS, señaló que México gasta mucho en el campo, pero gasta mal. Para reactivar el campo se necesita un sistema financiero rural incluyente. Hoy los 10 municipios más pobres tienen un ingreso per cápita anual de 603 dólares al año mientras que los más desarrollados lo tienen de 32,000 dólares. La pobreza está concentrada en zonas rurales. Si bien tenemos una pobreza enorme, la pobreza rural es estructural.
No puede haber soluciones iguales frente a la desigualdad. Sus propuestas:
- Abatir la pobreza con instrumentos de desarrollo territorial. Vincular transferencias a metas productivas.
- Focalización de políticas públicas y reformas institucionales, transformar Procampo y Oportunidades y que la SRA tenga dos ministerios: de agricultura familiar y de desarrollo territorial.
- Construir sistemas financieros rurales con enfoque integral, que abarque crédito, microseguros, medios de pago, sistemas y movilización de ahorro.
- Movilización de ahorro y bancarización de remesas, crear instituciones confiables y reguladas para manejar las remesas; bonos migrantes verdes para invertir en proyectos productivos y sustentables.
- Microfinanzas para reducir la vulnerabilidad, acceso a servicios financieros en familias pobres y contar con lugares donde ahorrar y micro seguros.
- Finanzas rurales que apoyen la agricultura familiar, crédito agrícola para producir cadenas de valor.
- Sistemas integrales con instituciones financieras de las comunidades (cobertura territorial y vocación productiva).
- Reformar la banca de desarrollo y ordenamiento de programas. Democratizar el FIRA y fortalecer la banca social (cooperativas, ahorro, crédito, etc).
- Reorientar los subsidios para reducir desigualdad y cubrir fallas de mercado
- Vincular política de financiamiento rural con las políticas agrícolas de combate a la pobreza.
Antonio Turrent, agrónomo y miembro del SNI, experto en maíz, explicó cómo superar los déficits de alimentos básicos en México, en particular del maíz y explicó que es urgente emprender un programa de acción de largo plazo.
Aún tenemos 9 millones de tierras de alta calidad agrícola como reserva y aprovechándolas y tomando otras medidas tenemos potencial para producir hasta 57 millones de toneladas de maíz al año, suficientes para alimentar un país de 150 millones de habitantes. Propuestas:
- Incrementar la eficiencia de riego, especialmente con el escurrimiento de agua.
- Hay tierra de buena calidad subutilizada porque se destina al ganado, hay que rescatarla con un sistema integral agropecuario: ganadería semiestabulada, cultivo de granos y forrajes o puro forraje.
- aprovechar la ciencia disponible sobre cómo elevar la producción de maíz convencional por hectárea.
- Fortalecer la agricultura campesina que maneja y custodia toda la diversidad del maíz, tienen potencial para intensificar su producción y cuyos saberes son compatibles con la agroecología.
- Establecer una reserva de la biodiversidad del maíz, “cazar” los genes para aprovecharlos y enfrentar el cambio climático, nosotros, no las corporaciones.
Gustavo Sánchez, miembro de Red Mocaf, se enfocó al sector forestal, en el cual diagnosticó una caída de la producción maderable y no maderable, déficit de la balanza comercial, pérdida de empleos, más degradación, desabasto legal del mercado interno. Hay subsidios mal asignados, similares a los de pobreza, que cuando se retiran, sigue el problema. Propuestas:
- Coherencia y sinergia con otras políticas vinculadas con el sector.
- Reorientar el presupuesto hacia la producción con servicios ambientales
- Ejercicio transparente del presupuesto y apertura a la decisión por parte de organizaciones.
- Estratificación de los subsidios.
- Que las agendas de mitigación y adaptación al cambio climático sean decididas con las comunidades campesinas.
- Fortalecer derechos de ejidos y comunidades sobre el tema de los servicios ambientales.