El tema de la colegiación y certificación profesional en México es sensible, debido a que los sistemas de responsabilidad civil por la prestación de ciertos servicios no han funcionado, aseguró el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth.
Nuestras instituciones no son tan eficaces para generar responsabilidad al prestador de servicios que hace mal su trabajo, como al arquitecto que no construye bien una casa o el médico que por negligencia causa un daño a una persona, argumentó.
Por ello, dijo, es necesario revisar la forma en que el Estado mexicano imparte justicia frente al daño causado a una persona por la prestación de cualquier tipo de servicio profesional.
Al inaugurar el Foro sobre colegiación y certificación profesional obligatorios, organizado por la ANUIES, el senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional destacó que las iniciativas que se discuten en el Senado no preconfiguran un modelo único de certificación y colegiación, sino que buscan sentar en la Constitución las bases de la rectoría del Estado y del desenvolvimiento de los servicios educativos de educación superior, y de la prestación de los servicios profesionales.
En este sentido, a nombre del Senado de la República, pidió a quienes participan en el foro, propongan cuál debe ser el papel de la ANUIES en ese modelo de certificación y de colegiación, y cómo garantizar la imparcialidad en los procesos de certificación y en los de colegiación para evitar los distintos dilemas que están asociados en la selección de un modelo para estos propósitos.
Gil Zuarth también advirtió que este tema se discutirá en los próximos días en el Senado de la República, con el propósito de encontrar los mejores modelos de regulación que serán motivo de las leyes secundarias y agregó que se debe avanzar en esas bases constitucionales, pero después se debe discutir cuáles son los modelos óptimos para evitar algunos de los problemas, los cuales seguramente se discutirán en el foro.
El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C., Jaime Valls Esponda, resaltó la necesidad de establecer políticas públicas o fortalecer mecanismos que permitan a los estudiantes y profesionistas un desempeño y ejercicio profesional dentro de los estándares de calidad que demanda la sociedad.
Por su parte, David Arellano Cuan, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que los trabajos del foro darán un acercamiento para solucionar el problema de la falta de calidad en los servicios profesionales, pues se advertirán cuestionamientos sobre aspectos prácticos como el efecto de la colegiación y certificación en la cedula profesional o cómo afectará el paso del tiempo en la capacidad de una persona para ejercer una profesión.
Además, Bernardo Espino del Castillo, director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó que en la historia de México las profesiones han sido certificadas cada una en su forma, por lo que se hace necesaria la reforma constitucional junto con una reforma legislativa, para que sin conflicto de intereses se certifique a través del método más adecuado a los profesionistas para atender a los grandes retos que interesan a la sociedad: vida, salud, libertad, seguridad y patrimonio.
También participó consejera Ana Luisa Fajer Flores, directora general para América del Norte, en representación de Carlos Pérez Verdia Canales, subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, (SRE), quien destacó la renovada relación con Estados Unidos, a través del programa “Memorándum de entendimiento para la creación de las prácticas profesionales”, con el que se pretende expandir el intercambio académico y oportunidades.
Con Canadá, explicó, se trabaja para desarrollar una plataforma que amplíe las oportunidades de intercambios educativos, de asociaciones de información e investigación científica, de colaboración académica y desarrollo de la fuerza laboral, permitiendo alinear los esfuerzos del sector público de la iniciativa privada, instituciones de educación superior y la sociedad civil con un mismo fin.