A fin de establecer que tanto intérpretes como defensores que acompañen a la población indígena en cualquier proceso judicial tengan conocimiento de la cultura, los usos y costumbres de sus comunidades, el senador Jorge Luis Lavalle Maury presentó una iniciativa que plantea reformar el artículo 14 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
Lo anterior, explicó el legislador por Campeche, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones constitucionales respecto a la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas, así como a facilitar la implementación del nuevo sistema de justicia penal dictado por el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con la adición de la fracciones VIII y IX propone que los organismos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, implementen “la creación de institutos estatales de formación y especialización cultural en los pueblos indígenas para que capaciten a los interpretes lingüísticos y culturales, para que sean verdaderamente especialistas en los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas; así como implementar campañas de comunicación, a través de las cuales se difundan las lenguas, usos y costumbres de dichos grupos”.
Al fundamentar su propuesta, Lavalle Maury afirmó que tan sólo en la Península de Yucatán alrededor del 15 por ciento de la población habla maya, la segunda lengua indígena que más se habla en México, después del náhuatl, por lo que dijo, es fundamental garantizar a este sector de la población el cumplimiento del debido proceso judicial cuando así lo requieran.
“México es una nación multicultural, así lo reconoce el artículo 1 de nuestra Constitución y las implicaciones que ello tiene en nuestro marco jurídico son realmente trascendentales, pues ese artículo constitucional supone que en todo momento debe contemplarse que existen diversos usos y costumbres que cohabitan en el territorio nacional y deben ser respetados a cabalidad dentro de nuestro Estado de Derecho”, expuso.
El legislador panista dio a conocer que en el Informe Anual 2012-2013 del Instituto Federal de Defensoría Pública se señala que durante ese período atendieron en todo el país mil 933 casos donde fue requerido un intérprete lingüístico, lo cual se logró con 23 intérpretes solamente.
“De suerte que si se distribuyen esos mil 933 casos de manera equitativa entre esos especialistas, a cada uno le correspondieron 84 casos, lo cual a todas luces es excesivo si se considera la movilidad que deberían tener para cubrir todas las regiones del país, razón por la cual la defensa muy probablemente fue y sería inconsistente al no darse abasto para atender estos asuntos”, indicó.
Asimismo, agregó, el informe señala que en el último año se amplió la plantilla de intérpretes de 14 a 23, y que se hizo priorizando que los intérpretes tuvieran formación en derecho penal, pero no en la cultura y los usos y costumbres de estas comunidades, por lo que esos 23 especialistas conocen sólo 20 de las 68 lenguas indígenas y 364 variantes que existen en nuestro país.
Esto es alarmante, dijo, porque demuestra que ha habido casos en que los indígenas mexicanos no han contado con los medios necesarios que les garanticen una buena y oportuna defensa, lo cual, además de disminuir la calidad de nuestra justicia, se comete un acto discriminatorio porque existe un trato diferenciado a la población que pertenece una comunidad indígena.
Lo anterior, prosiguió, lo ratifica un estudio presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México en el que se determinó que más del 60 por ciento de indígenas que tuvieron necesidad de contar con un traductor dentro del proceso penal en la declaración preparatoria, sólo se solicitó u ordenó ese servicio en el 11 por ciento de los casos del fuero común.
“Con esta iniciativa los exhorto a sumar acciones para que las comunidades indígenas tengan un efectivo acceso a la justicia y se coadyuve a la erradicación de todo tipo de discriminación ya que contribuye, sin lugar a dudas, a la consolidación de las modificaciones que se han aprobado recientemente a fin de asegurar un verdadero cumplimiento a lo estipulado en nuestra Constitución y en las recomendaciones internacionales, que no son otra cosa que garantizar la seguridad jurídica de todas y todos los mexicanos, incluyendo nuestros pueblos y comunidades indígenas”, concluyó.