El diputado Francisco Saracho Navarro plantea una reforma al Código Penal Federal para castigar hasta con tres años de prisión a quienes inciten la discriminación basada en ideas de “superioridad” u odio por origen étnico o racial. Además, sugiere doblar la pena a servidores públicos, ministros religiosos o funcionarios de instituciones políticas que incurran en tal conducta.
Integrante de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, advierte que en nuestro país los grupos étnicos han sido objeto de agresiones y manifestaciones discriminatorias. A los indígenas y afrodescendientes, particularmente, por su sola condición “se les mira como si fueran ‘inferiores’, lo que implícitamente trae la idea de una falsa ‘superioridad’, factor que los ha colocado en situación de marginación y vulnerabilidad”.
Los comportamientos de odio, rechazo, burla, ridiculización, amenazas, agresión o violencia en contra de minorías, “tienen un arraigo cultural muy fuerte en México, aunado a la influencia recibida desde el extranjero que han contribuido a intensificarlas”, además de que en la actualidad se manifiestan masivamente en eventos deportivos o espacios púbicos, opina Saracho Navarro.
Considera “insostenible y aberrante” que este tipo de expresiones o manifestaciones discriminatorias sigan difundiéndose en el contexto de una nación como la mexicana, “máxime si se atiende al mosaico o diversidad cultural que la conforma y le brinda un carácter multicultural”.
El representante del estado de Coahuila destaca que, a pesar de que nuestro país ya tiende a tutelar y proteger los derechos humanos, “no se han obtenido los resultados esperados para combatir con solidez la discriminación racial y la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio, así como todo acto de violencia con este motivo”.
Como una forma de fortalecer la legislación existente para combatir eficazmente y eliminar paulatinamente la discriminación racial del país, propone esta enmienda al Código Penal Federal para sancionar de una forma más enérgica y ejemplar estos comportamientos, pues, afirma, vulneran gravemente la dignidad de las minorías.
Aunado a ello, precisa castigar a servidores públicos, ministros religiosos o funcionarios de instituciones políticas que aprovechen su posición para difundir ideas de superioridad u odio racial, en toda incitación a discriminar así como para actuar con violencia por tales motivos.
“Es importante comprender la trascendencia y viabilidad de la presente propuesta, al visualizar los graves efectos de la discriminación racial en la sociedad y en las minorías étnicas y en los afrodescendientes, mismos que han quedado marcados en la historia”, concluye el diputado.