El senador Arturo Herviz Reyes solicitó que la Cámara de Senadores exhorte a los secretarios de Gobernación, y de Seguridad Pública, así como a la procuradora General de la República, para que informen sobre acciones, avances y resultados en materia de protección a periodistas y a la libertad de expresión.
En un punto de acuerdo que será analizado por la Comisión de Seguridad Pública, el legislador comentó que el pasado 20 de marzo, la organización civil “Artículo 19” presentó su informe anual sobre el estado del ejercicio periodístico en México, al cual tituló Silencio Forzado: El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa, donde se resaltó que en 2011se registraron 172 agresiones relacionadas con la libertad de prensa.
De acuerdo con el informe de Artículo 19, los estados donde mayor número de ataques contra la libertad de expresión se documentaron fueron Veracruz, con 29; el Distrito Federal, con 21; Chihuahua y Coahuila, con 15, y Oaxaca, con 11 casos.
Por ello, Herviz Reyes solicitó al jefe de gobierno y a los gobernadores de las entidades federativas antes mencionadas que a la brevedad posible y a través de sus autoridades competentes, investiguen, deslinden responsabilidades y sancionen a los responsables de los ataques a la libertad de expresión.
Además, pidió condenar el atentado contra del periódico Expreso de Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de que el pasado 19 de marzo, se registraron dos explosiones en las inmediaciones de las oficinas donde opera este medio de comunicación, las cuales dejaron como saldo al menos cinco personas lesionadas.
El legislador por Veracruz comentó que ante la gravedad de los hechos, esta cámara del Congreso de la Unión debe solicitar que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que inicie de inmediato una queja de oficio.
Herviz Reyes señaló que de acuerdo con el Informe del Relator Especial presentado el 19 de mayo de 2011 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México es el tercer país en el mundo más peligroso para ejercer el periodismo, sólo después de Pakistán e Irak.
“Sumado a ello, es innegable que prevalece una situación de impunidad, ejemplificada por el hecho de que muy pocos de los 66 casos de asesinatos y 12 de desapariciones de periodistas, ocurridos entre el 2000 y 2010, hayan sido esclarecidos. Sin duda, la ausencia de investigaciones concluidas impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes”, aseveró.
Destacó que en diversas entidades federativas, se hostiga y hasta se lleva a prisión a periodistas que ejercen crítica sobre el gobierno, servidores públicos o particulares poderosos, quienes recurren a los “obsoletos” delitos de calumnia y difamación penal para acallar a la prensa. Criticó que aun cuando en abril de 2007, fueron despenalizados a nivel federal los delitos de difamación, calumnia e injurias, éstos continúan vigentes en buen número de entidades.
Añadió que las agresiones contra periodistas y comunicadores “tienen un efecto pernicioso y nocivo sobre el quehacer periodístico, esto genera inseguridad, zozobra y autocensura entre los comunicadores y priva a la sociedad del derecho a ser informada”.
“No puede existir libre ejercicio de las libertades de expresión y de prensa en un clima de impunidad, donde las instancias del Poder Judicial resultan inefectivas y el Estado no adopta medidas para prevenir nuevos atentados contra los periodistas”, expresó el también secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República.