Listo. Llegó la fecha histórica

Durante la primera hora de este viernes del 2024, con 84 votos de la alianza Movimiento de Regeneración Nacional, Morena; Partido del Trabajo, PT; y Partido Verde Ecologista de México, PVEM, convertidos en aplanadora parlamentaria como en su momento lo hicieron priistas y otros organismos políticos satélites, blindaron la Constitución y a partir de esta fecha nadie se podrá defender de lo que toda la estructura gubernamental le imponga al pueblo.

En una acalorada sesión legislativa que se inició el jueves y se prolongó hasta 45 minutos del día siguiente, la mayoría integrada por partidos que se dicen de izquierda, consolidaron los cambios a la carta magna que ya no permitirá recursos de amparo cuando alguien pretenda inconformarse con medidas dictadas desde la Presidencia de la República, asi afecten conjuntamente a los habitantes o de algún estado que conforman el país.

Es decir, en México ya no hay poder humano con posibilidades de combatir en tribunales los cambios que se pretendan hacer a la Constitución desde todas las esferas del poder político, al anular los recursos de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y toda acción de incinstitucionalidad que antes tenía el pueblo para defenderse de alguna ley política, económica, jurídica, administrativa y cualquier otra media que afectara los más elementales derechos humanos.

Y consumado el histórico acontecimiento parlamentario, el presidente de la mesa directiva de esta incipiente 66 legislatura, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, cantó que la reforma sobre supremacía constitucional alcanzó la mayoría calificada y que “una vez más le cumplimos al pueblo”.

Luego de su aprobación, el dictamen (documento) fue turnado a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente y que a su vez lo enviará a Palacio Nacional para que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor un día después de ello.

Las reformas aprobas corresponden a los artículos 105 y 107 de la Constitución, en los cuales ahora se establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que tengan por objeto controvertir (oponerse a) las adiciones o reformas a la Constitución Federal.

En lo general, se emitieron 126 votos, de los cuales, 85 fueron a favor y 41 en contra, por lo que el dictamen alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.

Las senadoras Laura Esquivel Torres, Ivideliza y Mayuli Latifa Martínez Simón, y el senador Miguel Márquez Márquez, del PAN; así como Néstor Camarillo Medina, del PRI, presentaron reservas de artículos para intentar convencer a los izquerdistas que se modificaran, pero no fueron aceptadas por la asamblea.

De esta manera, con 85 votos a favor y 41 en contra, los artículos reservados fueron aprobados en los términos del proyecto de decreto y en la discusión a favor y en contra del proyecto, los grupos parlamentarios de Morena y PT declinaron su participación.

Por su parte, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, señaló que el partido oficialista nunca ha tenido disposición para escuchar a la oposición y lograr acuerdos. “Morena busca un gobierno autoritario, Morena es la dictadura de México”, acusó.

En su oportunidad, Carolina Viggiano Austria, del PRI, dijo que se debe conservar el Estado de derecho que hay en México, porque es la columna vertebral que nos permite vivir en un país de instituciones.

Antes este pronunciamiento, el verde ecologista Luis Alfonso Silva Romo subió a tribuna para responder que lo único que le queda a la oposición es “hacer ruido, pues no pueden contra una reforma que cumplió con el procedimiento legislativo, y que tiene como objetivo evitar que quienes se dicen guardianes de la Constitución hoy pretendan secuestrarla con argucias legales”.

Lo anterior fue refutado por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, al señalar que “la protesta es lo que le deja el régimen autoritario a la oposición ante una reforma que es un atraco al país, porque una cosa es el poder reformador y otra el poder absoluto, por lo que mi grupo parlamentario no acompaña esta atrocidad, además de que llegaremos hasta donde tengamos que hacerlo”.

El proyecto aprobado deja en claro que en el actual sistema constitucional mexicano, no se contempla la posibilidad de que una reforma constitucional pueda ser impugnable, pero no así la que imponga la estructura de gobierno.

El artículo segundo transitorio del proyecto dispone que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto.

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