Este 12 de febrero del 2019 está previsto que comience en Madrid el juicio al proceso independentista catalán en el que el Tribunal Supremo Español deberá dirimir si los 12 acusados cometieron rebelión, sedición, malversación de fondos públicos o desobediencia en la organización del referéndum de independencia celebrado el 1 de octubre de 2017 y posterior aprobación de una declaración de independencia.
La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Josep Rull, Carles Mundó, Santi Vila y dos destacados miembros representantes de organizaciones civiles
catalanas, Jordi Sánchez (Assemblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) se enfrentan a penas de 7 a 25 años de prisión.
Antes de ser juzgados, algunos de ellos ya habrán pasado 480 días en prisión preventiva, a pesar de su nula peligrosidad y de haberse presentado voluntariamente a declarar.
Contexto: referéndum, declaración de independencia e inicio de la represión
El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum convocado por el gobierno catalán con la pregunta “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?”. A diferencia de otros casos, como el escocés o el quebequense, el Tribunal Constitucional español quiso suspender su celebración, pero gobierno catalán y la sociedad civil, organizadora y defensora del mismo siguieron adelante ya que los referendos están contemplados en las leyes españolas, además el derecho a la autodeterminación contemplado en la carta de los derechos humanos que fue ratificada por el estado español en 1967.
Fueron enviados a Cataluña 3000 policías para impedir la votación, que reprimieron de manera extremadamente violenta a quienes decidieron salir a la calle a votar pacíficamente. Las imágenes de la
policía reprimiendo a los votantes catalanes dieron la vuelta al mundo.
Las cifras de participación en este violento contexto fueron de un 43.03% del censo electoral, que en términos comparativos se asemeja a los comicios del Referéndum sobre la Constitución Europea en España de 2005 (42.32%) o los del Referéndum Estatuario en Cataluña del 2006 (48.85%). La máxima participación
en unos comicios autonómicos en Cataluña ha sido del 77.44% en las elecciones del 2015, cuando los partidos independentistas consiguieron la mayoría parlamentaria que permitió este proceso de
autodeterminación. Sin poder contabilizar los aproximadamente 700.000 votos requisados por la policía, del 43.03% de catalanes que consiguieron votar, un 90,2% votó sí a la independencia.
En los días posteriores, se suspendió la declaración de la independencia en espera de una salida dialogada entre legalidad y legitimidad. No obstante, fue imposible encauzar una solución pactada. La respuesta de la justicia española ante las iniciativas de diálogo y mediación internacional fue la detención y encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Agotados los caminos del diálogo y en virtud de los resultados del referéndum, el 27 de octubre del 2017 se aprobó en el pleno del Parlamento catalán una resolución que
permitía establecer la República Catalana.
La reacción del Gobierno Central ha sido la de imponer una interpretación, que muchos juristas consideran exagerada, del artículo 155 de la Constitución española. Mediante su aplicación se anulan todas las funciones y se ocupan las responsabilidades del gobierno catalán elegido democráticamente y se encarcelan a diez de sus miembros.
El conflicto político en Cataluña-España y su internacionalización
Al no haber hecho uso de la violencia en ningún momento, es difícil justificar los cargos de rebelión: así pues, se optó por describir el referéndum y a sus líderes organizadores como violentos. Así pretendía España que mediante las euroórdenes emitidas se detuvieran y extraditaran a miembros del gobierno que se habían
exiliado, entre ellos el presidente de la Generalitat de Cataluña.
En otra vergonzosa muestra de la baja calidad de la democracia española, la justicia belga, la justicia suiza, la justicia alemana y la justicia escocesa se negaron a extraditar a los exiliados basándose en un levantamiento violento, porque simplemente no había existido.
Este juicio es la única respuesta española al conflicto político con Cataluña. España, en su idiosincrásica negación al diálogo y a la diversidad de pueblos que habitan el Estado, pretende que el juicio sirva para desalentar y desmovilizar la pacífica lucha por la independencia.
Así lo explica el sesgado artículo de Enrique Gimbernat, miembro del consejo editorial del periódico El Mundo, incluido en el dosier enviado por el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a través de sus embajadores a diferentes medios internacionales, que tiene la intención de ganarse la opinión internacional ante el juicio y así justificar los cargos y sentencias.
Cabe mencionar que en la guía del juicio elaborada por el Consejo General del Poder Judicial comprendida también en este dosier aparecen como representantes de la acusación popular, que pide penas que triplican las del fiscal, los abogados Francisco Javier Ortega Smith-Molina y Pedro Fernández Hernández.
No se menciona, sin embargo, que se trata del secretario general y del vicesecretario jurídico del partido político de ultraderecha VOX.
A un día del inicio de esto juicio-farsa, las distintas organizaciones catalanas de México pedimos la solidaridad de la sociedad mexicana y de su colectivo de periodistas ante la vulneración de libertades y
derechos en Cataluña.
Asamblea Nacional Catalana-México
Casa Catalán de Yucatán
CUP Exterior
Comité de Defensa de la República Catalana-México
Asociación Catalana para la Integración A.C.
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