El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano no puede avalar ni estar de acuerdo en iniciativas que se procesan sin ningún tipo de trámite parlamentario, con prisas e improvisación y bajo un desaseo legislativo.
Si bien Movimiento Ciudadano comparte que México vive una emergencia económica derivada de la crisis de salud por el Covid-19, así como por la intempestiva baja de los precios del petróleo, es inadmisible que se pretenda legislar de esta manera.
Hoy (miércoles) el grupo parlamentario de Morena decidió procesar, por un lado, una iniciativa que fue presentada ayer y turnada a Comisiones, sin embargo, hoy fue presentada una nueva propuesta por el coordinador Mario Delgado, en la que se aprobaron cambios a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para Movimiento Ciudadano es inadmisible que esta sea la forma de legislar y que no se respete el proceso legislativo, ni la búsqueda de consensos de los distintos puntos de vista de las y los legisladores, ni de la y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara de Diputados.
El coordinador Tonatiuh Bravo Padilla, enfatizó que en el caso de una de las iniciativas, el borrador se presentó un día antes y en el segundo, la iniciativa fue presentada durante la misma sesión y sin que fuera compartida con el resto de las y los legisladores violando los procesos y trámites legislativos establecidos por Ley, por lo que en ambos casos se trató de un albazo legislativo.
Movimiento Ciudadano votó en contra del dictamen para normar la reelección legislativa, en virtud de que va más allá de las disposiciones constitucionales, al establecer una serie de elementos que pueden ser considerados de total falta de equidad durante la contienda electoral.
La diputada ciudadana Martha Tagle, rechazó la forma en la que el grupo parlamentario de Morena planeó el albazo para beneficiarse con esta reforma y reelegirse con ventaja como diputados, ya que, con las condiciones del dictamen, los legisladores de la LXIV podrán reelegirse en el cargo hasta 2030, sin solicitar licencia. Esto, a través de un proceso legislativo desaseado y aprovechando la emergencia sanitaria que no atiende con firmeza el gobierno federal.