Luego de largos enfrentamientos verbales que protagonizaron diputados y senadores oficialistas y de oposición, esta medianoche fue aprobada la nueva Ley General de Aguas, lo que agudizó descontentos y protestas de trabajadores del campo de casi todo el país.
Las discusiones se prolongaron primero en la Cámara de Diputados, donde los legisladores se dijeron de todo y hasta de lo que se van a morir políticamente y una vez aprobada en ese órgano parlamentario, el documento se envió al Senado de la República, donde también se enfrentaron verbalmente, pero finalmente la mayoría que integran Morena, PT y PVEM, apabullaron al PAN, PRI y MC con 85 votos a favor y 36 en contra.
Ahí, el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano; además, se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, de corrupción, favoritismos y de castigo político, crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes por lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral, pues le da al Gobierno Federal la posibilidad de decidir, “de manera discrecional, quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar”, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Del PVEM, Juanita Guerra Mena argumentó que la reforma consolida una visión de Estado donde el agua deja de ser mercancía para asumirse como un bien social; el proyecto planteado por el Ejecutivo Federal, agregó, “hace que México avance hacia un modelo de gestión más justo, transparente y sostenible, que garantiza el acceso al agua como uno de los principales derechos humanos”.
Carolina Viggiano Austria, del PRI, advirtió que este proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua, además de que no se consultó a los pueblos originarios, por lo que, acusó, “el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad”.
Por el PT, Lizeth Sánchez García reiteró que esta legislación reconoce y da personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, al otorgarles derechos y obligaciones claras; asegura la transmisión expedita de derechos en herencias, compraventas y funciones lo que protege el patrimonio de familias campesinas; define el uso agropecuario familiar para proteger la economía de subsistencia y deja clara la diferencia entre los pequeños productores y los grandes agroindustriales.