Diputados compasivos
La Comisión de Justicia, que preside el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), aprobó por 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.
También, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La Ley General tiene por objeto la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados.
Además, establece el tipo penal básico para la extorsión, aplicable a toda la República, sus sanciones y agravantes, así como otros delitos vinculados; reglas, procedimientos y previsiones para su investigación, persecución, sanción y ejecución penal y las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades deben implementar en sus ámbitos de competencia, para la prevención.
En el artículo 15 estipula que a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrá de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El diputado Moreno Rivera explicó que la nueva ley homologa criterios en todo el país, garantiza la persecución efectiva del delito de extorsión, fortalece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y da atribuciones a las autoridades responsables de la investigación y sanción.
Además, protege a víctimas y testigos, garantizando mecanismos de denuncia segura, protección integral y reparación del daño; actualiza y organiza el marco jurídico relacionado, reformando los códigos y leyes complementarias en materia penal, procesal y judicial.
Señaló que el proyecto se organiza en dos bloques: la expedición de la Ley General, con cinco títulos; El primero, “Disposiciones generales”, el objeto, ámbito de aplicación, principios rectores y autoridades competentes.
El segundo, “De los delitos de extorsión” establece las conductas, agravantes y sanciones.
El tercero, “De la prevención de atención a víctimas”, regula políticas públicas y medidas de protección. El cuarto es el “De la coordinación institucional”, y el quinto, se refiere a la información, evaluación y estadísticas, en el que se crea el Sistema Nacional de Información sobre Extorsión.