Guillermo Pimentel Balderas
Dirigentes campesinos, indígenas y afromexicanos que integran el movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 (conformado por más 100 organizaciones campesinas nacionales, regionales y estatales), se manifestaron por la necesidad de establecer una “ley de consulta indígena libre”; reordenar a las instituciones que apoyan a los campesinos y demandaron un presupuesto superior a los 20 mil millones de pesos en 2019 para el sector.
Reunidos en la sede de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP, cuyo dirigente es José Jacobo Femat), en la colonia Roma, de la Ciudad de México, los líderes agrarios expusieron sus posicionamientos respecto a las propuestas anunciadas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para el sector campesino e indígena.
También, dieron a conocer los avances de las reuniones que se han tenido con los miembros del gabinete de transición de AMLO, con los que ya han empezado a establecer una mesa de dialogo, como ocurrió con Josefa González Blanco, propuesta para ocupar el cargo en la SEMARNAT; con el nuevo titular de SEDATU, Román Meyer Falcón y con Víctor Villalobos de SAGARPA; así como con el responsable de políticas indígenas y pueblos originarios propuesto para el cargo como titular del Instituto de Pueblos Indígenas (IPI), Adelfo Regino Montes.
Dirigentes e integrantes de CNPA, CCC, CIOAC-JDLD, COCyP, ANEC, UGOCP, UNORCA, UFIC, entre otras, informaron que, tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, se abre un cambio profundo para la política agroalimentaria y de los indígenas de México.
Reprobaron el sexenio de Enrique Peña Nieto y confiaron en que con López Obrador el panorama de este sector de la población mexicana mejore y se levante de la precaria situación en la que la dejan.
Dieron todo su respaldo para que se establezca el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en reemplazo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que bajo la dirección de Nubia Magdalena Mayorga, solo se hicieron eventos de relumbrón, desaparecieron programas para el sector y los recursos se repartieron con “criterios partidistas y clientelar pues de plano fue un sexenio perdido para el movimiento indígena del país y, dieron todo su respaldo a Adelfo Regino Montes.
José Durán Vera, coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD) aseguró que con Peña Nieto hubo un “retroceso en los logros” alcanzados para las comunidades indígenas y que actualmente existe un vacío de autoridad por parte de las dependencias e instituciones agrarias en el país, con actos de corrupción con un saqueo absoluto de las mismas.
Ante esta situación y para desterrar o hacer cumplir a las empresas mineras sus compromisos con los poseedores de las tierras, anunció que se llevará a cabo una “caravana de movilizaciones”, iniciando en el Estado de Chihuahua, a partir del 17 de septiembre del presente.
Emilio López, de la CIOAC “José Dolores López Domínguez”, señaló que el despojo de las tierras por parta de las trasnacionales canadienses debe terminar y que con la ceración o reconstrucción de las instituciones que apoyan el agro, hay que hacer cumplir a estas empresas o de plano desterrarlas del país ante un brutal proceso en contra de los indígenas desde hace 235 años.
Felipe Rodríguez de la UPREZ se pronunció porque en lugar de un Instituto, debería se r una secretaria de estado la atención a los indígenas por el mayor peso que tendría y se manifestó por establecer una agenda legislativa en pro de los pueblos originarios.
Rocío Miranda, dirigente nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), expresó que la organización del sector, desde sus comunidades, han defendido sus territorios, su cultura y sus ancestros. Porque, de no haberlo hecho así, ya hubieran desaparecido.
“La recuperación de los pueblos originarios e indígenas debe ser desde los pueblos y no desde las instituciones”, subrayó.
Cabe señalar que el dderecho de las campesinas y los campesinos a la tierra en los últimos años, el gobierno mexicano ha permitido y financiado la instalación de megaproyectos como el fracking, explotación minera, empresas hidroeléctricas, empresas turísticas, el aeropuerto y autopistas, despojándonos de nuestros territorios y sin indemnización, provocando un rápido deterioro de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente, resultando afectadas nuestras tierras con vocación agrícola y pecuaria.
Hay que destacar que existe la esperanza de que con el nuevo gobierno y con la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se termine con los desalojos masivos y el despojo de sus tierras, principalmente por parte de las empresas mineras, que se han adueñado de sus ejidos pagándoles una miseria o de plano nada.