El diputado federal Jorge Luis Preciado Rodríguez denunció que la delincuencia organizada realiza en un año alrededor de 3.7 millones de llamadas desde los distintos centros penitenciarios que hay en el país.
Consideró que esto es alarmante porque desde ahí extorsionan a la población a través de delitos como secuestro, intimidación, cobro de cuotas, amenazas de robo y chantaje.
Y ante este panorama, el legislador por Colima presentó una iniciativa de reformas para crear un capítulo denominado “Sanciones en materia de Seguridad y Justicia”, a fin de considerar una multa equivalente de 1.1 a 4 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado que incumpla con esa obligación, y en caso de reincidencia reiterada, la revocación de las concesiones.
Preciado Rodríguez explicó que ahora toca a la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados analizar reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de establecer con claridad las sanciones para las concesionarias telefónicas que incumplan con la obligación de bloquear las llamadas provenientes de los centros penitenciarios.
El también presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias especificó que según un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la delincuencia organizada realiza alrededor de 3.7 millones de llamadas al año desde teléfonos celulares y casetas fijas en cárceles federales y estatales, las cuales en su mayoría son para extorsionar.
Asimismo, el Comité Especializado de Estudios de Investigación en Telecomunicaciones, expone que cada semana, en un solo penal, se realizan hasta 219 mil 700 llamadas. En algunos centros penitenciarios estatales se hacen en siete días más de 43 mil llamadas, usando solamente 90 equipos, y en federales más de 19 mil, con igual número de equipos.
Estas cifras, dijo Preciado Rodríguez, nos indican que “hay una notoria falta de cumplimiento con la obligación contenida en la fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.
Por lo que la propuesta legislativa que presentamos tiene como objetivo endurecer las sanciones y crear un Capítulo Especial porque si bien existe un Capítulo de Sanciones para otros temas no lo hay para el caso de seguridad y procuración e impartición de justicia, por lo cual estamos promoviendo “la revocación de la Concesión como sanción en caso de reincidencia que actualmente no existe”.
Esto derivado de la obligación que tienen las Concesionarias de bloquear todas las llamadas de celular que salen de centros penitenciarios.
Además, se presentó una proposición para que el Instituto garantice mediante la aplicación de sanciones el cumplimiento de la misma, concluyó el diputado panista.