La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a desistirse de la denuncia penal que presentó en contra de presuntas víctimas que se manifestaron en sus instalaciones el pasado 17 de febrero y respete los derechos humanos de las personas afectadas, privilegiando y agotando el diálogo y la solución pacífica de conflictos, para garantizar la aplicación del Artículo 120 de la Ley General de Víctimas que establece:
“Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los siguientes deberes:
“I. …
“II. Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley, en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 5 de la presente Ley;
“III. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos;
“IV. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;
“V. Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos y jurídicos destinados a la administración de justicia y conceder una reparación no generen un nuevo daño, violación, o amenaza a la seguridad y los intereses de la víctima, familiares, testigos o personas que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir nuevas violaciones;
“VI. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de la víctima en los términos del artículo 5 de la presente Ley;
“…
“El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal correspondiente”.
Lo anterior, a fin de garantizar la no revictimización y el respeto a los derechos humanos de todas las personas agraviadas, y no olvidar que esa es la misión y el objetivo de toda instancia de defensoría de derechos humanos y de atención a víctimas, como la CEAV y la CNDH.
Este organismo nacional considera que es primordial privilegiar el interés de los ciudadanos, y en particular de las víctimas, y esta es la línea que debe prevalecer inexcusablemente en toda decisión y acto de servicio público, por lo que espera la rectificación necesaria en este conflicto que nunca debió de existir.