Desde la Presidencia de la República se impulsará el Plan emergente para garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México, aseguró María Elizabeth Díaz García, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
Explicó que el objetivo es asumir como problema de Estado la prevención, sanción, reparación del daño, erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, así como colocar en el máximo nivel de decisión esta responsabilidad.
Invitó a seguir trabajando en el Legislativo para que “un día nacer niña en este país deje de ser un peligro mortal”. Expresó su compromiso con las mujeres para realizar acciones tendentes a buscar la erradicación, sanción y reparación del daño para las víctimas de violencia.
De la organización no gubernamental La Cabaña de la Sabiduría, AC, Grisell Pérez Rivera, señaló que es necesario homologar las leyes generales de Víctimas, con la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la de Igualdad para Mujeres y Hombres, la de Desaparición Forzada, Desaparición Forzada por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, para cumplir las recomendaciones urgentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales deben acatarse a un año, de lo contrario México quedará fuera de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Añadió que se requieren medidas de protección a las y los menores huérfanos a consecuencia del feminicidio, y salvaguardar sus derechos humanos ante este crimen de Estado.
Dijo que la ONU ha reconocido al feminicidio como un crimen de lesa humanidad, y manifestó su preocupación ante la falta de sensibilización y capacitación de servidores públicos frente a este tema tan delicado. Además, la Constitución establece que las autoridades deben promover, respetar y garantizar los derechos humanos y, si no son respetados, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos.
Con la ponencia "Feminicidio, conjunto de violaciones a derechos humanos", la consultora independiente, Mariana Franco González, expresó que este delito representa la fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad, por lo que es un crimen de Estado.
Lamentó que a pesar de la recomendación y acciones para impedir que estos casos sucedan, se repiten; por ello, urgió a analizar las políticas públicas y los presupuestos que ya se han aplicado; es decir, si tienen que ser reforzados para dar continuidad a esta lucha.
Se pronunció por atacar tanto la impunidad como la falta de acceso a la justicia, porque “estos casos se siguen presentando y, esto es por la feminización de la pobreza; no hay datos de cuántas mujeres están en ella; se debe acabar con la desigualdad de género, a efecto de tener un mecanismo de no repetición a violaciones a derechos humanos”.
Al abordar el tema “La indolencia, un camino al feminicidio", Gabriela Amores, abogada feminista, destacó que el patriarcado es lo que “nos tiene aquí, gritando justicia; ha impedido visualizar lo que hemos hecho las mujeres, y en las casas donde no quiere salir, nos está costando la vida de una de nosotras”.
Añadió que en el país se registran 10 asesinatos de mujeres al día; 80 por ciento del feminicidio es a causa del esposo o novio, y la violencia familiar está en números rojos y no se ha visualizado para decir que también es un paso al feminicidio.
Pidió dar cumplimiento al artículo 20 constitucional, porque muchas mujeres son violentadas en los juzgados familiares y las fiscalías por servidores públicos que carecen de perspectiva de género. “Estamos cansadas de las agresiones; no podemos seguir siendo sólo páginas en los diarios; exijo justicia para todas nosotras”.
Elizabeth Machuca Campos, hermana de una mujer asesinada en 2017, comentó que han pasado 556 días de total impunidad y el 8 de mayo de 2018 detuvieron al asesino de su hermana y hoy aún no hay una sentencia. Exigió a las autoridades, en cada ámbito de su competencia, que también promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos constitucionales e internacionales de los huérfanos del Estado.