El diputado José Ricardo Delsol Estrada hizo un exhorto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, para que Alejandrina Gámez Rey sea separada de su cargo como Directora General Jurídica y de Representación Agraria, de la Procuraduría Agraria, debido a que ha sido señalada por actos de corrupción.
Delsol Estrada explicó que se generó un conflicto legal por las tierras en las comunidades de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, en el municipio de San Luis Potosí, entre un grupo de comuneros que han manifestado que debido a los intereses económicos por parte de inversionistas, éstos han sido favorecidos por Gámez Rey.
Por ello, en conferencia de prensa el diputado de Morena informó que Alejandrina Gámez fue señalada por incurrir en actos de corrupción cometidos en su actuación como magistrada agraria, en contra de los derechos colectivos de los ejidatarios y comuneros, favoreciendo a grandes empresarios o instituciones bancarias.
Mencionó que derivado de su actual cargo, existe el temor fundado y latente de que no sólo va a aprovechar sus funciones en una determinada región del país, sino que va a intervenir y a operar a nivel nacional para seguir anteponiendo los intereses de grupos económicos con total impunidad.
“Es claro que ha dejado una estela de corrupción a su paso en estados como Nuevo León, Coahuila, Tabasco y ahora San Luis Potosí, en donde de manera muy particular, en la comunidad de San Juan de Guadalupe y anexos, como Tierra Blanca y San Miguelito, municipios de San Luis Potosí”, subrayó.
Planteó que los comuneros agraviados han hecho un señalamiento directo en contra Alejandrina Gámez, ex magistrada de los tribunales agrarios, quien se encuentra operando en favor de Carlos López Medina y Alejandro Tamayo, para lograr la aportación en favor de la compañía Fraccionadora Reserva S.A de C.V.
Quienes, agregó, pretenden apropiarse de manera ventajosa e ilegal de más de dos mil hectáreas de uso común en la comunidad agraria de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, municipios del estado de San Luis Potosí.
“Nosotros creemos que esta cuarta transformación va a asumir su responsabilidad, y nuestro deber y responsabilidad como servidores públicos es evidenciar todos estos actos de corrupción que esta funcionaria ha llevado a cabo en diferentes estados”, dijo.
Andrés Manuel López Obrador, añadió, nos ha instruido para que los servidores públicos actúen apegados a los principios de honestidad, probidad, lealtad integridad y transparencia para construir instituciones al servicio del pueblo.
Por su parte, María Fabiola Quintanilla Reynoso, asesora de comuneros de San Juan de Guadalupe, planteó que han mantenido durante más de 20 años la lucha en contra de las inmobiliarias, además de los malos gobiernos estatales y municipales que han privilegiado el desarrollo de dichas empresas por encima de los pobladores.
Sostuvo que se pretende despojar de todos sus terrenos, extinguirlos como comuneros, queriéndoles robar 13 mil hectáreas de su terreno, cuando su superficie es de 14 mil 869 hectáreas.
Durante la conferencia, el diputado por el estado de San Luis Potosí estuvo acompañado por el legislador Samuel Herrera Chávez, así como diversos comuneros de las comunidades afectadas.