Es importante que el Congreso de la Ciudad de México cuente con un órgano interno que evalúe las acciones negativas de las y los diputados y que a petición de otro legislador se determine cómo pueden ser sancionados, sostuvo el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN.
Además, dijo, se debe dotar a los ciudadanos de la facultad para enderezar juicios de responsabilidad parlamentaria y que éstos puedan señalar a su representante por el incumplimiento de alguno de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Para ello, propuso ante el Pleno una adición al Artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que daría sustento jurídico a la creación del Código de Responsabilidad Parlamentaria, el cual está delineado en la Ley Orgánica y en el propio Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, aunque no reconocido como tal. Con la creación de éste se conformaría, a su vez, el Comité de Responsabilidad Parlamentaria.
Con este instrumento empoderamos al ciudadano y ponemos límites al Poder Legislativo local, a fin de que puedan fiscalizar el actuar de sus diputados. Con ello, abonamos a tener un Congreso más eficiente, mucho más profesional en su desempeño; “no veremos más actos vergonzosos de los que hemos sido testigos en las últimas fechas de todos los partidos políticos, dejando en el piso la imagen de los parlamentarios”, afirmó.
El Código constaría de cuatro títulos. El primero, relativo a las generalidades, objetivo, ámbito de aplicación y las definiciones que se emplearán a lo largo del mismo, así como los diferentes imperativos éticos de las y los Diputados, debidamente alineados con los principios constitucionales del servicio público.
En el segundo se desarrollan la creación del Comité de Responsabilidad Parlamentaria, su integración y las atribuciones de este. En el tercero se desarrollan los procesos para resolver las quejas, los procedimientos y de la recomendación, investigación y apelación ante el Comité de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
Finalmente, el cuarto título establece un marco de responsabilidades para imponer sanciones a legisladoras y legisladores que vulneren la disciplina parlamentaria.
La propuesta del diputado, suscrita por otros legisladores, fue turnada a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictaminación.
Reforma a Constitución Política local permitiría licencia y pago laboral
a padres, madres o tutores con menores enfermos de cáncer
Luego de detallar algunas estadísticas referentes al cáncer en niños y niñas en México, el diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del PRI, propuso una reforma y adición al Artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
La propuesta establece que el trabajador, sea el padre, la madre, el tutor o quien tenga la custodia de un menor de 18 años con cáncer en fase terminal, dictaminado por la institución de seguridad social correspondiente, tenga derecho a una licencia laboral de 28 días sin exceder de 90 en un periodo de uno a 6 meses, siempre y cuando no se haya designado a otra persona responsable del menor, cubriéndose un 60 por ciento del salario por la institución de seguridad social a la que esté asegurado el trabajador.
Al argumentar la propuesta, el diputado detalló que en México existen aproximadamente 23 mil casos de cáncer infantil, mientras que la Secretaría de Salud estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años.
Entre los casos de cáncer, agregó, destacan principalmente las leucemias, que representan el 52 por ciento, linfomas el 10 por ciento y los tumores del sistema nervioso central el 10 por ciento.
El legislador abundó que la primera causa de muerte entre niñas y niños de 5 a 14 años de edad en la Ciudad de México es el cáncer infantil, cada mes se detectan de 10 a 12 casos y el más frecuente es la leucemia.
La propuesta del diputado fue suscrita por algunos legisladores y enviada para su análisis y discusión a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; y de Atención al Desarrollo de la Niñez.