A los servidores públicos y miembros de las Fuerzas Armadas que formen parte de grupos delictivos, se les impondrá prisión de cinco a 10 años y de 100 a 300 días de multa, más la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro, propuso el senador Marco Antonio Gama Basarte.
El legislador panista presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 164; y el segundo párrafo del artículo 164 Bis; y tercero adicionar un tercero al artículo 164, ambos del Código Penal Federal, en materia de asociación delictuosa.
Expuso que la comisión de delitos por servidores públicos y la falta de sanciones adecuadas a estas conductas, son actualmente uno de los mayores problemas del país, generando con ello un ambiente de impunidad que, a su vez, contribuye a fomentar un sentimiento de hartazgo en la ciudadanía para con sus gobernantes.
Por ello, indicó, es urgente revisar nuestra legislación penal para ubicar sus lagunas o vacíos que sirven a los delincuentes burocráticos para evadir sanciones o, en su caso, obtenerlas de manera desproporcionada a los ilícitos que comenten.
Más gravoso es para la sociedad, agregó, cuando la alta burocracia es la que delinque abusando del poder político y público del cargo. Mayor indignación causa cuando dicho servidor público fue elegido por el voto ciudadano.
Argumentó que al revisar los artículos 164 y 164 bis del Código Penal Federal encontramos que quien forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.
Pero cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena antes señalada se aumentará en una mitad. Se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro, señaló.
Aún más, continuó, si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá la baja definitiva del Ejército, Fuerza Aérea o Marina a que pertenezcan, y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión pública.
La propuesta se turnó para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.