Desde el presidente
La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó una iniciativa de reformas constitucionales, con el fin de eliminar la figura de fuero constitucional y establecer que todo servidor público pueda ser vinculado a proceso por delitos del orden común o del orden federal, independientemente de su jerarquía o cargo.
Previamente, en conferencia de prensa, dijo que una de las prioridades es la eliminación de privilegios para los servidores públicos y que en México exista una verdadera justicia, objetiva, apartidista e independiente.
“Lo decimos claro: en el Partido Acción Nacional consideramos que los servidores debemos de poder ser procesados por delitos cometidos, como cualquier otro mexicano y, por ello, hoy cumplimos un compromiso al presentar una propuesta de eliminación del fuero constitucional”, señaló por su parte el senador Zepeda Vidales.
Xóchitl Gálvez Ruiz recordó que el PAN tiene una la historia luchando contra el fuero que protege conductas ilegales: “dos veces creímos haber ganado porque dos veces se aprobó en la Cámara suprimir el fuero y dos veces se detuvo en el Senado”, lamentó.
Añadió que con esta propuesta se insiste en la necesidad de fortalecer el principio de igualdad jurídica entre todos los mexicanos; eliminar el fuero constitucional para todos los servidores públicos es una obligación ética y moral en este Congreso ante el clima de impunidad y corrupción política.
“Todos los funcionarios deben ser sujetos del cumplimiento irrestricto de la ley, todos deben estar en la condición de poder ser enjuiciados por delitos, todos, en todos los órdenes de gobierno deben ser sujetos de penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil”, sostuvo.
El fuero, insistió, no debe de ser una patente de corso ni una protección que garantice estar al margen de la ley: “es falsa la versión de que eliminar el fuero conduzca al debilitamiento de las instituciones”.
Al fundamentar la iniciativa en la tribuna parlamentaria, aseguró que ninguna propuesta efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse sin eliminar el fuero de impunidad institucional de que gozan los gobernantes y representantes populares, comenzando por el Presidente de la República.
Con el objeto de reforzar el combate frontal a la corrupción, el PAN propone “eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos del país, de manera que puedan ser acusados y enjuiciados por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil”.
La eliminación del fuero, agregó, tiene dos vertientes que es necesario puntualizar: la primera es que, por un lado, se atiende el principio de igualdad jurídica, es decir, que todas las personas sean tratadas de la misma forma por la ley.
En segundo lugar, dijo, se da el riesgo de que eliminar el fuero conduzca al debilitamiento de las instituciones.
No obstante lo anterior, aseguró, es necesario correr el riesgo de eliminar el fuero, en aras de terminar con la impunidad que tanto lastima a la sociedad y que tantos males ha provocado a México.
“Los senadores del Partido Acción Nacional consideramos que el Presidente de la República no debe tener un trato diferenciado ni preferencial respecto del resto de los servidores públicos referidos por el artículo 111 constitucional”, afirmó.
La iniciativa del PAN plantea que el Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Sin embargo, estos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal.
Además, cuando exista la comisión o probable participación en algún hecho que la ley señale como delito, por parte de alguno de los servidores públicos señalados, y una vez que se ejerza la acción penal por el titular del Ministerio Público correspondiente, el juez determinará si procede dictar el auto de vinculación a proceso penal.
La iniciativa plantea reformar y derogar diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución y se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.