En riesgo trabajadores y pueblo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió a la otrora poderosa y multimillonaria, alguna vez llamada empresa del pueblo, Petróleos Mexicanos, una exigencia-recomendación fundamentada en investigaciones solicitadas por los trabajadores que sufren consecuencias de peligro en actividades cotidianas, pero sobre todo, por los daños que produce el brutal huachicol que tanto desprestigio le acarrea al país en el mundo y representa claras irresponsabilidades de protección al ambiente y derechos de la población.
En una de sus partes, el organismo señala en su documento que de la investigación realizada se advirtió la necesidad de dotar de efectividad las acciones hasta el momento realizadas para disminuir las tomas clandestinas; los ductos se encuentran en mal estado de mantenimiento, y la tecnología de detección es obsoleta e incompleta y que bajo esta lógica, existe un estado irregular en las actividades de transporte y almacenamiento, así como un incumplimiento de sus deberes.
Aquí el contenido de este importante contenido del informe oficia ya entregado a la empresa:
“El 18 de enero de 2019, entre las 14:30 y 15:30 horas, se detectó una toma clandestina en el Poliducto propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la cual alrededor de 8 personas estaban recolectando hidrocarburo; posteriormente, a los quince minutos, se propagó la noticia por las redes sociales y, en el contexto del desabasto de gasolina que imperaba en el país, más de ochocientas personas llegaron a la zona; la presión del ducto provocó que la fuga aumentara, expulsando el combustible en una columna de más de diez metros de altura; a pesar que arribó un contingente con elementos de la entonces Gendarmería, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Policía Militar, fue insuficiente para mantener alejada a la población y, a pesar de haberse cerrado las válvulas del ducto, a las 18:52 horas se produjo un incendio de grandes dimensiones que tuvo como resultado el deceso de 138 personas por quemaduras, incluyendo 13 adolescentes y 10 mujeres, así como 13 personas lesionadas.
La Comisión Nacional tuvo conocimiento desde el primer momento de los hechos y proporcionó seguimiento puntual a las acciones realizadas por las autoridades involucradas en la atención de la emergencia, rehabilitación y en las investigaciones posteriores; como resultado de esa investigación y con fundamento en el artículo 174 de su Reglamento Interno, presenta este Informe Especial a la sociedad para informar a la población sobre la manera en que las autoridades actuaron en la atención de las personas afectadas y en la atención de las problemáticas que surgieron durante la reacción inmediata y las consecuencias posteriores que enfrentó la comunidad afectada de manera directa.
Así, desde una perspectiva en derechos humanos y debida diligencia, se analizó la manera en que se realizó la intervención o participación de las autoridades competentes desde las primeras horas del incidente, así como a la supervisión, investigación y fiscalización en materia administrativa y penal, desde un enfoque de derechos humanos.
La atención para la mitigación del daño movilizó una gran cantidad de recursos humanos y materiales tras el incendio provocado por la toma clandestina. Ante ello, un número considerable de autoridades acudieron de inmediato para proporcionar apoyo y auxiliar a la población afectada.
Por cuanto hace al transporte y distribución de los hidrocarburos, se tiene que PEMEX tiene la función de garantizar la estabilidad del suministro de combustibles en el país; en este sentido, se analizaron las tomas clandestinas localizadas por PEMEX; las incidencias registradas con motivo de las tomas clandestinas en el territorio nacional, así como algunos de los incendios y explosiones fatales con motivo de la fuga de hidrocarburo; del análisis de esa información se tiene que, desde 2018, PEMEX tiene un plan para prevenir, detectar y reducir el robo de hidrocarburos, es el conocido como "Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos" e involucra la colaboración entre PEMEX, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y otras autoridades.
Sin embargo, desde una óptica en derechos humanos, es necesario dar continuidad, así como fortalecer el diseño y desarrollo de ese Plan, armonizando esfuerzos a fin de implementar, de manera coordinada, una estrategia efectiva que aborde la atención de las causas generadoras de esa conducta ilícita, la prevención de los conflictos en las zonas afectadas, y la atención efectiva de los daños a la salud y al medio ambiente en el caso de las comunidades que viven algún siniestro, como es el caso.
Dado que el transporte de hidrocarburos es una actividad en sí misma peligrosa, existe un riesgo inherente, razón por la cual es imperativo que PEMEX, en el marco de la debida diligencia y como empresa productiva del Estado, adopte medidas adicionales para prevenir daños a las personas y al medio ambiente en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.
De la investigación realizada, se advirtió la necesidad de dotar de efectividad las acciones hasta el momento realizadas para disminuir las tomas clandestinas; los ductos se encuentran en mal estado de mantenimiento, y la tecnología de detección es obsoleta e incompleta.
Bajo esta lógica, existe un estado irregular en las actividades de transporte y almacenamiento, así como un incumplimiento de sus deberes.
Lo anterior debido a que PEMEX tiene pleno conocimiento del incremento exponencial de las tomas clandestinas y conoce a detalle los riesgos e impactos que conlleva el manejo inadecuado de los hidrocarburos, así como las implicaciones para la población aledaña a los ductos.
Sin embargo, su actividad se ha enfocado en clausurar las tomas detectadas y ha omitido adoptar las medidas necesarias, razonables y efectivas para abordar el grave problema de la extracción ilegal de hidrocarburos, lo que evidencia una indiscutible falta de debida diligencia.
Así, desde un enfoque en derechos humanos, es necesario que PEMEX, como empresa productiva del Estado, cumpla con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Para ello, se requiere que, más allá de cumplir con la normatividad en materia de hidrocarburos, tenga una disposición real y efectiva para hacer
justiciable el derecho humano a la protección del medio ambiente y sus recursos naturales; debe emitir de manera conjunta con las autoridades en la materia, protocolos de actuación donde se contemplen campañas de difusión en medios masivos de comunicación que adviertan a la población acerca del riesgo y la letalidad del manejo inadecuado del hidrocarburo; programas de capacitación a servidores públicos municipales y debe adoptar por separado o de manera coordinada un procedimiento que contemple la gestión de incidentes mayores y la presencia masiva de personas.
En el aspecto ambiental, se evidenció el daño provocado y se destaca que, a más de seis años después de los acontecimientos, ni el Gobierno Federal, Estatal ni Municipal se ha acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas o presentarles acciones para la recuperación del suelo, incumpliendo la obligación del Estado mexicano de prevenir y mitigar la degradación ambiental.
En las relatadas condiciones, resulta evidente la necesidad de una capacitación constante y permanente para el personal de PEMEX en lo relativo al manejo de hidrocarburos, actualizar los procedimientos, estudios e instrumentos que mejoren la seguridad de los procesos que lleva a cabo, y de manera primordial en coordinación con la ASEA, la SEMARNAT, el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Ayuntamiento de Tlahuelilpan, elabore de manera conjunta un programa de remediación de la zona.
Asimismo, dado que el transporte de hidrocarburos es una actividad en sí misma peligrosa, existe un riesgo inherente, razón por la cual es imperativo que PEMEX adopte medidas adicionales para prevenir daños a las personas y al medio ambiente en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.
Con base en la información proporcionada y las diligencias realizadas por esta Comisión Nacional, con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 6, fracciones VII, VIII y XVI, y 15, fracciones VIII y XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 16, 174 y 175 de su Reglamento Interno, se emite el presente Informe Especial, con las siguientes propuestas para las autoridades de los tres niveles de gobierno:
- Elaborar de manera conjunta y coordinada, un programa de remediación ambiental en la zona afectada, con la participación de la comunidad y las personas afectadas.
- Elaborar de manera coordinada y conjunta, un plan de atención individual y colectivo dirigido a las personas afectadas y a la comunidad, que incluya acciones para su atención médica, psicológica, terapéutica, el restablecimiento de su dignidad y medidas que contribuyan a evitar la repetición de los hechos.
- Diseñar y difundir, de manera coordinada y conjunta en la localidad y municipios con mayor incidencia en la extracción ilegal de combustible, una campaña para sensibilizar a la población respecto del riesgo que presenta esta actividad, así como realizar jornadas de legalidad y cultura cívica.
- Coadyuvar, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, con la investigación que realiza la Fiscalía General de la República para identificar a los responsables de esos actos ilícitos, a fin de que pueda repetir en su contra los gastos que hayan efectuado.
- Generar fórmulas jurídicas para exigir, en su caso, la debida diligencia en materia de derechos humanos, tales como la expedición de normatividad referente a la debida diligencia, construida con la participación de las empresas, la población, los defensores de los derechos humanos, sociedad civil y la autoridad competente.
De manera particular, se propone a PEMEX:
- Buscar los mecanismos adecuados para garantizar que las trece personas lesionadas sobrevivientes de los hechos, previa valoración de su condición por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para que puedan acceder a la atención médica, psicológica y de rehabilitación que requieran, hasta obtener el nivel más alto de sanación posible.
- Incrementar sus recursos humanos y materiales para reforzar y modernizar los procedimientos y mecanismos para la vigilancia de los ductos y capacite y certifique al personal que realiza esas labores.
- Se someta al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental la actividad de transporte que realiza en los ductos de PEMEX, para lo cual deberá elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental y el
Estudio de Riesgo correspondiente.
- Implementar procesos de referente a la debida diligencia para el respeto de los derechos humanos, incorporando acciones de cuidado, prevención, mitigación y control de riesgos.
Asimismo, la Comisión Nacional considera que el presente Informe representa una oportunidad para el Estado mexicano de implementar acciones que respondan de manera práctica y eficaz a la recuperación
de nuestro medio ambiente, fomentando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 y los compromisos derivados del Acuerdo de París en materia de cambio climático, y retoma que, en todos los casos, el Estado mexicano ineludiblemente debe cumplir con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos para su ejercicio pleno, independientemente de la responsabilidad que la autoridad competente pudiera llegar a determinar por la participación en lo sucedido”.