Somos último lugar en recaudación fiscal
Para nadie es un secreto que el sistema fiscal mexicano presenta deficiencias mientras naciones latinoamericanas como Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay y Brasil han duplicado la recaudación tributaria total en las últimas décadas, llegando a niveles de hasta el 34 por ciento como proporción del PIB y nuestro país no ha podido superar el 9.6 por ciento.
México ocupa el último lugar en la suma de recaudaciones fiscales de todos los países miembros de la OCDE, mientras Estados Unidos obtiene el 25.5 por ciento, Turquía el 31.3 por ciento y el promedio de otros países es el 33 por ciento.
Ante estas cifras, resulta claro que se deberían adoptar medidas que favorezcan el aumento de los ingresos tributarios. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente fue creada en el 2004 con el afán de fortalecer los derechos de los causantes, para concebir con esto la incorporación de un mayor número de habitantes en el pago de obligaciones fiscales.
Agregar una fracción primera al artículo segundo de dicha ley con el propósito de otorgar a los mexicanos el derecho de otorgar una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria representa un primer paso loable, pero no soluciona el problema de fondo.
Que México ocupe el lugar 107 de 183 países en cuanto a la facilidad para cumplir con las acciones hacendarias no se debe a una alta complejidad en el proceso de administración tributaria, se debe a los vicios estructurales del país que no permiten obtener los ingresos necesarios para satisfacer las demandas mínimas de la ciudadanía. Mientras no se adopte una visión integral que contemple todas las variables involucradas en el desarrollo económico, seguiremos ante propuestas vacías que en teoría suenan excelentes, pero en la práctica se convierten en un fracaso rotundo.
La realidad financiera que el gobierno enfrenta, se caracteriza por una base de contribuyentes reducida por costos de cobranza altos y por la evasión fiscal como una práctica cotidiana.
Esto no puede sorprender a nadie cuando el 40 por ciento de los causantes en nuestro país es pobre, los trabajadores informales representan la mitad de la fuerza de trabajo y el 85 por ciento de los establecimientos productivos pertenecen a negocios muy pequeños.
Aunado a esto, es necesario mencionar que el problema tributario en México no se reduce tan solo al factor recaudatorio, se debe en gran proporción al enorme sesgo que privilegia a los grandes empresarios y perjudica a la ciudadanía en común.
Mientras el país vive en un constante estrangulamiento financiero teniendo como consecuencia la falta de políticas públicas que permitan alentar el desarrollo, instrumentar mecanismos anti cíclicos y terminar con el ahondamiento del déficit social, una cúpula de favorecidos goza lo que se traduce en pérdidas millonarias para los ingresos públicos.
Basta con observar el régimen de consolidación fiscal para darnos cuenta de la perpetración de estas prácticas, los grandes consorcios han podido obtener ganancias que cuestan entre 12 mil y 16 mil millones de pesos al año en nuestro país.