*Importante instrumento jurídico la Ley de Víctimas
A pesar de las múltiples controversias surgidas durante largo proceso social, político y jurídico que significó la publicación de la Ley General de Víctimas, el hecho rotundo y concluyente es que en este momento ya forma parte del cuerpo normativo de la nación.
La Ley General de Víctimas es una institución jurídica del Estado mexicano y para eso no hay regreso posible. Existen razonamientos y contextos para explicar lógicamente el origen de la Ley General de Víctimas, pero todos ellos resultan insustanciales y hasta carentes de sentido ante una realidad dura incontestable.
Durante los últimos seis años, más de 120 mexicanos se han desplazado de sus lugares de origen, tratando de escapar de la violencia. Aproximadamente 93 mil han sido ejecutados, poco más de 25 mil se estiman desaparecidos y algunos estudiosos aventuran un incremento mayor al 500 por ciento en los índices de tortura.
La descomposición social en nuestro México es extensa e indudable. La violencia que nos envuelve y la impunidad que la alienta no constituyen una ilusión intangible, es una realidad por demás cruenta y cotidiana.
Desde su publicación, incluso antes de ella, la Ley de Víctimas ha sido motivo de discusión. Sus limitaciones e insuficiencias han sido expresadas por expertos y analistas que señalan su carácter oscuro y contradictorio, en algunas de sus partes. Incluso, contrapuesto con nuestro sistema de procuración y administración de justicia.
No obstante y más allá de los claroscuros del proceso social y legislativo que le dio origen, la mayoría está de acuerdo que la Ley de Víctimas incorpora al sistema jurídico mexicano los más modernos conceptos y principios de defensa y respeto a los derechos humanos.
La ley implantó importantes innovaciones a los derechos de las víctimas, sobresaliendo el acceso a la justicia restaurativa, con el propósito de que los agraviados tengan derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición.
De igual forma, la ley estableció mecanismos e instancias institucionales para que prácticamente todos los órdenes y niveles de gobierno participen en la atención de las víctimas, no solo en su despliegue operativo por la comisión de un delito o la violación de los derechos humanos, sino también en la conformación de recursos asignables en su auxilio.
En pocas palabras, la Ley General de Víctimas constituye el instrumento jurídico más importante para restituir y reintegrar a las víctimas sin mayores sobresaltos a la normalidad de la vida cotidiana, quebrantada por el abuso y la violencia.