*Urge adecuar marco jurídico de prevención
El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Conapra, señala que tres de cada cuatro personas, en nuestro país, están expuestas diariamente a los riesgos que implica la convivencia en las vialidades.
Asimismo, los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad de nuestro país, registrándose 16 mil muertes al año. Siendo los niños de 0 a 14 años los más vulnerables.
Aun cuando en estados como Yucatán, Estado de México, Distrito Federal y Monterrey cuentan con alguna regulación sobre el traslado de niños en los vehículos, destacándose Yucatán como el único que establece el uso de las sillas porta infantes.
La implementación de esta medida de seguridad debe traducirse en la disminución de muerte infantil en nuestro país, siendo un claro ejemplo de ello el marco jurídico de los estados de la Unión Americana, en donde el uso de la silla es para niños de hasta 18 meses, y el uso de asientos para niños hasta cumplir tres años de edad es obligatorio.
Sin embargo, en nuestro país se genera un problema social, económico y de salud pública. Debido a que somos el único integrante del G20 y de la OCDE que no tiene una política pública que implemente el uso de esta silla.
Como padres y como legisladores y legisladoras tenemos la obligación de adecuar nuestro marco jurídico e implementar medidas de prevención y con ello disminuir la tasa tan elevada de accidentes en un 70 por ciento.