*Reformar la Ley General de Desarrollo Social
El desarrollo social debe estar vinculado a la sustentabilidad, el costo de seguir un camino diferente es incalculable.
Por ello presentamos la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.
Dicha adición tiene como finalidad integrar al desarrollo sostenible como un objetivo de la política social nacional.
Somos promotores de un cambio en la visión económico y social de las políticas públicas, para incorporar a las mismas la protección al medio ambiente.
Estamos convencidos que la política económica debe estar íntimamente ligada a la protección de los recursos naturales.
Nos comprometimos con una agenda legislativa que pugne por un diseño institucional que coordine una verdadera política de desarrollo sustentable, de tal suerte que la responsabilidad de diseño y ejecución sea interinstitucional e intergubernamental.
Nos encontramos en un punto de quiebre. El cambio climático no es un mito, y hemos empezado a sentir los efectos del mismo.
Tomar acciones al respecto es una urgencia.
El artículo 4o. constitucional en su párrafo quinto establece claramente que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y que es el Estado el responsable de garantizar el respeto a este derecho.
Dado que la protección del medio ambiente no es un tema local, sino una responsabilidad global, en la Declaración del Milenio del año 2000, los principales líderes del orbe, se plantearon el objetivo de forjar un mundo más equitativo.
Un punto medular de la referida Declaración fue el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y se consideró necesaria su incorporación a los principios del desarrollo sostenible.
De este modo, se busca una integración de las políticas y programas de cada uno de los Estados parte, con la finalidad de contribuir a revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
Recientemente, en París, Francia, se firmó la Convención Marco sobre el Cambio Climático, en el cual se manifestó la preocupación de los países miembros por los niveles alcanzados en las emisiones agregadas de gases de efecto invernadero.
En este sentido, se afirma que para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados o de 1.5 grados centígrados, se requerirá un esfuerzo de reducción de las emisiones mucho mayor al que se ha llevado a cabo hasta ahora.
Si bien el acuerdo aún no ha sido ratificado, es una realidad que el tema es una de las principales preocupaciones del Estado mexicano, situación que celebramos y reconocemos.
A pesar de lo anterior, estamos convencidos de la necesidad de establecer en la Ley General de Desarrollo Social, como uno de sus objetivos, la promoción de un mayor desarrollo sostenible y sustentable en regiones con rezago social.
Nuestro país generó más de 3.2 toneladas de emisiones de bióxido de carbono, mismos que sumados a los costos económicos por el cambio climático le han generado al país pérdidas por más de 338 mil millones de pesos. Esto, solo en el periodo del año 2001 al 2013.
Se han perdido 7 puntos porcentuales del PIB por daños ambientales, lo que equivale a 120 mil millones de dólares anuales.
Disociar el desarrollo social de la política de protección al ambiente es un despropósito que sólo conducirá a programas fallidos, dañinos no solo para la comunidad, sino para el medio ambiente.
Tenemos una responsabilidad ineludible, así se ha manifestado en los foros internacionales y en los acuerdos de los que nuestro país es parte.
Nos corresponde mejorar los instrumentos jurídicos para conseguir esta visión integral, que tenga como resultado una política de protección de nuestros recursos ligada al desarrollo de las comunidades más desfavorecidas.